El Común insta a Ponferrada a expropiar una parcela calificada como vía pública en su PGOU

Una resolución del Procurador del Común solicita al Ayuntamiento de Ponferrada que inicie el procedimiento de expropiación de una parcela en cuyos terrenos está proyectada una vía pública, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad aprobado en 2007. En su resolución, el Procurador reprocha al Consistorio su “inactividad” ante la “incuestionable situación de incertidumbre e inseguridad” que sufren los propietarios de los terrenos afectados, que siguen pagando anualmente el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de la finca.

Según recalca la institución que dirige Tomás Quintana, la normativa urbanística municipal crea una “situación ambigua y confusa” respecto a los derechos y deberes urbanísticos de los propietarios. Atendiendo al principio de seguridad jurídica garantizado por la Constitución, el Procurador insta al Ayuntamiento a proceder “sin más demora” al desarrollo de las previsiones urbanísticas incluidas en el PGOU, así como a su “pronta ejecución” para destinar el suelo afectado a las vías públicas proyectadas, “en la medida que las disponibilidades presupuestarias municipales lo permitan”.

En ese sentido, la resolución recuerda que el planeamiento urbanístico es vinculante tanto para la Administración local como para los particulares y que debe ser la base para la programación de los recursos económicos municipales. Al respecto, el Procurador reprocha al Ayuntamiento que no haya adquirido la finca mediante expropiación o cesión y que haya alegado, en todas las ocasiones, falta de recursos económicos y previsión presupuestaria.

En la misma línea, insta a la Corporación a iniciar un expediente de expropiación y a “adoptar todas las medidas necesarias para impulsar con determinación, firmeza y celeridad su tramitación y resolución para proceder a la obtención del terreno”. “La falta de desarrollo del planeamiento urbanístico ha supuesto una vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que presiden las relaciones entre la Administración y los particulares”, apunta la resolución.

En este caso, además, la “inactividad municipal” ante las reiteradas solicitudes de expropiación presentadas a lo largo de los últimos diez años por parte de los propietarios de la finca “incide en la configuración del municipio” y constituye “un asunto de interés público”, señala el Procurador, que subraya que “este tipo de suelos afectados por un destino público no puede quedar en una situación patrimonial de forma indefinida en perjuicio del propietario”.