Las votaciones volvieron a dejar clara la discrepancia dentro del partido popular que ya se había puesto de manifiesto en la comisión de área, cuando Mendo presentó la propuesta de aprobar la adjudicación del servicio a Urbaser y el concejal del PP, Ricardo Miranda irrumpió en la sesión con esta nueva opción de recuperar el contrato. Mendo argumentó que por "coherencia y responsabilidad" no podía cambiar su postura "radicalmente". Ahora esperará a que los informes "sean claros". Dijo comprender esa variación "aunque yo tengo claro lo que a mí me gustaría, pero otra cosa es lo que se pueda hacer, que debe estar muy fundamentado". Mendo aclaró que el grupo está unido y que este tema no repercutirá en ello.
Esa discrepancia de criterios, sumada a la complejidad procedimental hizo que el punto fuera polémico y que la oposición lamentara que se estén dando estos pasos porque el TSJ ha advertido a la regidora de que, si no ejecuta el dictamen judicial, por el que la adjudicación debería ser para Urbaser, será multada cada día que pase con 150 euros. Pese a la abstención de Mendo, el portavoz del PP lo enmarcó en la normalidad democrática interna y volvió a defender que el pleno es quien decide y no la comisión "él piensa que le puede afectar de manera personal y por eso ha votado abstención".
Pese a que este paso supone que la decisión de un tema que lleva coleando tres años no se tome, el portavoz del PP, Ricardo Miranda, argumentó que solo el pleno tiene potestad para solicitar estos informes, de ahí la necesidad de llevarlo a pleno extraordinario. Esos documentos deben estar resueltos para llevarse de nuevo a sesión plenaria, en este caso ordinaria, el próximo 29 de junio, según aseguró la regidora, Gloria Fernández Merayo. Además, solicitó a la secretaria que informara sobre las mayorías que se necesitan para aprobar la renuncia del contrato, o la adjudicación del mismo o el cambio de gestión. Merayo no se cerró a que el servicio no pueda remunicipalizarse, una fórmula que pedía el PSOE, PRB y Ponferrada en Común, pero advirtió que lo primero son los informes.
Sí dejó claro que en la actualidad, el contrato que se formuló en el gobierno del bipartito por 20 años y 122 millones no sería legal por la nueva Ley de Contratos, ya que no se podría realizar por concesión, sino por contrato y este no podría superar los cinco años más cinco de prórroga. Tampoco podría recoger las tres vertientes actuales (servicio de recogida de basuras, de limpieza y de jardines) y está 1,5 millones por debajo del coste del servicio. La alcaldesa quiso aclarar que “no estamos en contra ni a favor de ninguna empresa. Estamos en contra de este contrato porque no es bueno para Ponferrada”.
“El contrato está viciado”
Desde las filas del PRB, Tarsicio Carballo apuntó que el contrato está “viciado” de inicio y apostó por la municipalización del mismo. Auguró Carballo que FCC, la empresa que ha llevado el servicio, primero con contrato y en la actualidad sin él, llegará a los tribunales porque la otra pretendida adjudicataria “cuenta con una decena de fallos en su propuesta”. De todos modos, manifestó su acuerdo con la solicitud de informes para aclarar que se puede renunciar al servicio por criterios de “interés público”.“Es el momento de iniciar un nuevo proceso y dárselo a quien realmente consideremos que es la mejor oferta”. Carballo apostó por la municipalización por los puestos de trabajo, que considera que en la actualidad son algo más de 90 “y se necesitarían entre 115 y 120” y porque el pago de impuestos como el IVA o los gastos generales y déficit empresariales no se efectuarían, “nos ahorraríamos como mínimo un 30% y se crearía empleo”, dice.
“Ambigüedad calculada”
El portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, sin embargo, justificó su voto en contra a la propuesta del equipo de gobierno de solicitar informes para volver a sacar a licitación el servicio en que se produce “una ambigüedad calculada”, incluso en la redacción del punto del orden del día, que generaba la disyuntiva entre solicitar los informes o adjudicar el servicio, y en la “zozofra en la gestión” del equipo de gobierno e incluso de la corporación “tal vez no hayamos sabido estar a la altura”, lanzó como mea culpa. Reconoce que hace tres años se había podido dar solución a un problema para el que se podrían haber ido adelantando informes cuando su grupo pidió la remunicipalización del servicio. “Ahora tenemos una nueva espera en el tiempo para ver lo que ocurre. Volvemos a perder el tiempo innecesariamente”, lamentó “esto es kafkiano”, dijo y advirtió a la alcaldesa que podría tener que pagar esa multa de la que habla el tribunal por incumplir su dictamen.
"El problema es suyo alcaldesa”
Desde Coalición por el Bierzo, partido de cogobierno con el PPsu portavoz, Pedro Muñoz, dejó claro que el problema es ahora para la regidora “el problema es suyo y absolutamente suyo alcaldesa”, dijo. Es ella la que podría ser multada, por eso recuerda que hace tres años su grupo le propuso cumplir con la sentencia y, en lugar de hacerlo “se echó a la calle a FCC sin ninguna justificación”, pese a tener un contrato en firme. Eso hizo que la sentencia no se pudiera cumplir, dijo y que “el problema se haya convertido en grandísimo”. “El juez va a pensar que le estamos tomando el pelo”, cuando vea que no se ha cumplido la sentencia, augura. Pero además apunta que los informes ahora solicitados “ya están emitidos” en el procedimiento.
“Una manzana envenenada”
La concejala de Ciudadanos, Ruth Santín criticó que se llevara a pleno “una manzana envenenada” cuando en la junta de portavoces se había decidido otra cosa. Sí aseguró que el contrato por 20 años no fue ni siquiera querido por los vecinos, pero después se siguieron pasos que han confundido y que no han sido correctos.“Ha jugado al escondite social y procedimentalmente”, recriminó a la alcaldesa, “eludiendo su responsabilidad y haciéndola extensible a su equipo de gobierno”. Así las cosas “tenemos un servicio que no funciona y que es imposible que pueda hacerlo”.
“Está arriesgando mucho”
El PSOE, por su parte advirtió a la alcaldesa que “está arriesgando mucho” con estos retrasos en el cumplimiento de la sentencia y con un intento de poner a su favor a la corporación “y no vamos a socializar esa culpa”, advirtió su portavoz, Olegario Ramón. Asegura que en todo momento la alcaldesa ha dicho cosas distintas. Incluso dijo que iba a sacar de nuevo el contrato públicamente “con enorme imprudencia y lo que se dice alegremente tiene consecuencias”, porque no contaba con los informes que ahora quiere. Ramón lamentó que sea ahora cuando se pidan estudios que podrían haberse solicitado hace dos años y puntualizó cuestiones de orden al considerar que el punto del orden del día adolecía de definición concreta.Por su parte, USE no quiso intervenir en el pleno, en el que sí estuvieron los trabajadores del servicio de limpieza. El presidente del comité de empresa, Marco Antonio Varela lamenta un nuevo retraso en la resolución y espera que los informes estén listos para el próximo pleno "pero todos han reconocido que no hay medios y eso se ve en las calles". Lamenta el "galimatías" que estira los tiempos y que los camiones tienen más de 12 años con muchas horas de trabajo que provocan problemas de seguridad indirectamente. "Es algo desesperante", dijo, con menos de 70 trabajadores para toda la ciudad, cuando antes eran cerca de 90.