El Consejo de Cuentas alega que los 5 millones en créditos de 2012 y 2013 superaron "con creces" los ingresos

El Consejo de Cuentas de Castilla y León hizo este lunes público el informe de fiscalización de los Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos (REC) del Ayuntamiento de Ponferrada correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, con el popular Carlos López Riesco como alcalde, y que el organismo ha cifrado en más de cinco millones de euros. En concreto, según este órgano, se aprobaron de manera extemporánea obligaciones por importe de cinco millones en 2012 y de 91.717 euros un año más tarde.

Según este órgano, teniendo en cuenta el importe de los REC en 2012, cuando superaron el 9% de las obligaciones reconocidas netas del ejercicio, cifradas en 52,1 millones de euros, se estima que los gastos superan «con creces» los límites para que puedan considerarse como una excepción al principio de anualidad de los créditos previstos por la normativa, además de que provocan «una importante distorsión de los resultados» y de la gestión económica y presupuestaria.

Según un comunicado del Consejo de Cuentas, el «elevado» importe aprobado por el Ayuntamiento de Ponferrada en 2012 corresponde a prestaciones y transacciones producidas un año antes, con un 61% de los gastos aprobados correspondientes a revisiones de precios del contrato de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria.

En relación a las causas que han motivado los expedientes REC, un 76,1% deriva de gastos sin consignación presupuestaria, un 16,4% sin procedimiento de contratación y un 7,4% donde concurren ambas circunstancias. Tan solo un 0,1% correspondió a gastos debidamente contratados y comprometidos cuyos justificantes fueron recibidos y tramitados fuera de plazo, una vez cerrado el ejercicio.

Un 56,4% de los gastos aprobados por el Ayuntamiento corresponden a los capítulos de transferencias corrientes y de capital, un 25,4% a inversiones reales y un 18,2% a bienes corrientes y servicios. En la aprobación extrajudicial de estos gastos el Ayuntamiento apeló al principio del enriquecimiento injusto de la administración y al reconocimiento del legítimo derecho del acreedor al cobro de las cantidades correspondientes por los bienes y servicios prestados, si bien, en opinión del Consejo de Cuentas, no debió eximirlo de efectuar una valoración, clarificando la situación de los gastos.