El exalcalde de Cubillos justifica los contratos irregulares en "necesidades imperiosas"

La Audiencia Provincial de León acogió este lunes la primera jornada del juicio contra el exalcalde de Cubillos del Sil y expresidente del Consejo Comarcal del Bierzo por el PSOE, José Luis Ramón, al que se imputan los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos durante su etapa como regidor, entre 1999 y 2015. Según la Fiscalía y la acusación particular, el exalcalde habría «adjudicado a dedo» varios contratos que se hicieron pasar por obras menores para eludir mayores controles.

En su declaración ante el tribunal, el exregidor reconoció la existencia de reparos por parte de la secretaria municipal contra estas adjudicaciones, aunque subrayó que la misma funcionaria era la encargada de levantar esos reparos, debido a la urgencia de los trabajos y a las «necesidades imperiosas» del Ayuntamiento. Al respecto, Ramón aludió a la excesiva carga de trabajo en el Consistorio, con el desembarco de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y la creación del polígono industrial de El Bayo, como motivos que impedían la correcta licitación de estos contratos.

Además del exalcalde y la secretaria municipal, también declararon los representantes de la acusación particular, ejercida por la entonces portavoz del PP en el municipio, Montserrat Corral, y por el representante de la extinta formación Mass, Tomás Ramos, que calificó la declaración del exalcalde de «excusas de mal pagador» y advirtió de un «complot» entre el político y la funcionaria para culparse mutuamente. «Se echan la pelota el uno al otro». La vista se cerró con las declaraciones de representantes de las empresas a las que se adjudicaron los contratos de obra y servicio. De cara a este martes, está prevista una nueva jornada intensa de declaraciones, con el testimonio del resto de testigos.

El inicio de la causa se remonta a 2014, cuando el Consejo de Cuentas presentó un informe sobre varios pagos, por valor total de 1,4 millones, que el Consistorio habría llevado a cabo entre los años 2008 y 2011. A raíz de ese informe, el Ministerio Fiscal abrió diligencias judiciales por un presunto delito continuado de prevaricación, por el que pide para el político una condena de diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.

Por su parte, la acusación particular considera a Ramón supuesto autor de un delito de malversación de fondos públicos, ya que esos pagos, aseguran, tienen como destinatarios a personas cercanas al entorno socialista del municipio o a clientes del negocio particular de Ramón. Por este delito, solicitan para el exalcalde una pena de nueve años de cárcel y 15 de inhabilitación.