No es la primera vez que López acapara el foco mediático. Especialmente durante su etapa en el Consejo General del Poder Judicial, fueron numerosas las declaraciones que le convirtieron en sinónimo de polémica y le hicieron ser considerado como un juez afín a la derecha más conservadora.
De hecho, fue recusado del caso Gürtel por su presunta afinidad con el Partido Popular, formación que le propuso para el Tribunal Constitucional.
Antes de su llegada al Alto Tribunal ejerció como portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que durante su etapa se pronunció sobre asuntos como el matrimonio homosexual, mostrándose contrario a la norma, aunque nunca dijo que «llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es un cambio radical, como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o la unión entre un hombre y un animal», comparación que aparecía en el informe en el que no participó y que finalmente fue eliminado.
Sí se pronunció sobre la Ley de la Memoria Histórica, lamentando el aumento de trabajo que supondría para el estatuto judicial. «No cabe duda de que la ley de Memoria Histórica va a determinar una gran carga de trabajo para la sala quinta o de lo Militar del Tribunal Supremo», afirmó en el año 2006, lo que le granjeo fuertes críticas, especialmente por su condición de berciano, germen de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Dimisión del Constitucional
En 2014, ya como magistrado del Tribunal Constitucional, fue interceptado por la policía conduciendo una moto, sin casco y tras saltarse un semáforo, dando positivo en el control de alcoholemia al que fue sometido, por lo que presentó su dimisión.
El primer examen arrojó un resultado de 1,12 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando la tasa máxima para los particulares para manejar vehículos de motor es de 0,25 miligramos por litro. Una segunda prueba de contraste, 18 minutos más tarde, ofreció un resultado inferior, pero también ilegal: 0,98 miligramos de alcohol por litro de aire, superior al umbral del 0,60 que contempla penas de tres a seis meses de prisión y retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años.