El PP de Cacabelos volverá a luchar por ampliar el cementerio en la zona donde se ha derribado

En pleno derribo de la obra de ampliación del cementerio, decretada por sentencia firme por el Tribunal Superior de Justicia por considerarla ilegal, al no cumplir con los 100 metros de separación de las viviendas y además estar en un espacio influenciado por el castro de La Edrada, el PP de Cacabelos, que ejecutó aquella obra en 2013, asegura que, de volver al gobierno, intentará volver a construirla. Su portavoz, Adolfo Canedo no asume las irregularidades y acusa al equipo de Gobierno de haber permitido que la sentencia deviniera a firme, sin luchar porque no fuera así, pese a que considera que había argumentos para ello. Es más, apunta que ha sido un argumento electoralista que el PSOE ha usado en varios comicios y pretende hacerlo en este.

"Desde 2015 es un tema recurrente para el tripartito que lo usan como motivo electoral", dijo. Canedo reconoce que en 2013, aquel proyecto tuvo todas las autorizaciones necesarias. Consiguió autorización de Fomento de uso de suelo rústico y resolución del Procurador del Común, decretando el archivo de una denuncia por una serie de colectivos que, bajo el marchamo de Salvemos La Edrada, estaba en contra de este proyectos. También autorización sanitaria "que fue la primera autorización de este tipo que tuvo". En pleno de 2013 se aprobó con la abstención del PSOE el proyecto de ampliación. "La tramitación no contó ni con un solo voto en contra en su trámite administrativo", aseguró.

Canedo justifica aún hoy que el proyecto era legal, como la primera sentencia apuntó, aunque fue recurrida por el PSOE y, a partir de ahí, se llegó al dictamen final que ahora deja la ampliación inactiva y supone derribar la obra completa este mismo mes, algo que se está ultimando. Y, es que, Canedo asegura que la distancia es de 15 metros hasta la primera casa desde el cementerio, que sería lo legal para un Ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes, ya que el cementerio no es para las pedanías, que tienen sus propios camposantos. Esa es la realidad por la que él luchó y que los tribunales no consideraron puesto que hablaron de la necesidad de dejar una distancia de 100 metros a las primeras viviendas, por ser un municipio de más de 5.000 habitantes. Esa verdad es la que echa en falta que se haya luchado "se dejó que la sentencia fuera firme", abunda. Y se compromete a recuperar el proyecto si vuelve a la Alcaldía "nosotros construimos y el PSOE destruye", acusó.

Pero entiende que el PSOE ha luchado "por los intereses de una familia" que, precisamente, fue expropiada de los terrenos de la ampliación y ahora los recupera "aunque no ha devuelto el coste de esa expropiación", lamenta.

El problema de no tener zona de enterramiento ha afectado precisamente al padre del exalcalde del PSOE, Junior Rodríguez, el primer fallecido que necesitaría ese espacio. El problema ahora es que no hay sitio para enterramientos, aunque un vecino ha intentado ceder una parcela para ello, pero no ha conseguido pasar los filtros legales para ello y ha tenido que revocarse su pretensión.

Lo que Canedo no entiende es la prioridad que le ha dado en cumplir esta sentencia el equipo de Gobierno, que tira al suelo 30.000 euros que el tripartito se gastó en nichos, cuando hay otras muchas sobre la mesa como la devolución de más de 130.000 euros de sueldo en el mandato del tripartito. "Hay una decena de sentencias firmes sin ejecutar. Otra de 2007 de derribo de construcción en la avenida Constitución, o la licencia nula del edificio Roma, construida por Nistal y Bello, o la adjudicación de residencia municipal", apuntó.