La interventora municipal tuvo un difícil papel entre los distintos pareceres del equipo de gobierno y la oposición. El resumen de su dictamen fue que, una vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones y transcurrido un mes (que se cumplía ayer), se produce la aprobación definitiva del Presupuesto, porque, aunque no se hayan resuelto las alegaciones ni a favor ni en contra, éstas quedan ya desestimadas.
El grupo municipal popular cree sin embargo que las cuentas no son válidas hasta su aprobación definitiva en Pleno, por lo que este lunes anunciaba que estudiarán qué posibilidades legales existen para la paralización de la puesta en marcha del Presupuesto. PP y PSOE votaron conjuntamente dejar «sobre la mesa» la única alegación, presentada por Ricardo Bouzas, integrante del PSOE y que estas elecciones concurre en la lista del Ayuntamiento de Trabadelo.
«Se ha hecho un batiburrillo de dictámenes y entendemos que el procedimiento se ha ido alterando. Para nosotros este Presupuesto no se ha aprobado de forma definitiva, pero tendremos que analizarlo jurídicamente y, a partir de ahí, ver las medidas que corresponden», expuso Juan Elicio Fierro, portavoz del grupo municipal popular, al término de la sesión plenaria.
Los populares ya habían defendido en el Pleno anterior en el que se realizó la aprobación de las cuentas de este 2015, que ascienden a 53,8 millones de euros, que no fueran votadas para quela siguiente corporación municipal fuera la que elaborara el Presupuesto. Pero, a pesar del voto contrario del PP en esa sesión, y que se sumó al de la concejala socialista, Paula Rodríguez, fue precisamente la ausencia de una edil popular, Mari Crespo, la que permitió entonces sacar adelante las cuentas, gracias al voto de calidad del alcalde.
Precisamente Samuel Folgueral, con un «se aprueba definitivamente el Presupuesto. Se levanta la sesión», daba por zanjado el debate sobre la puesta en marcha de las cuentas.
A pesar de esto, los populares no querían dar por hecha esta cuestión y arrojaban dudas sobre las cuentas, especialmente sobre los tres millones de euros que se contemplan para la Fundación del Deporte para así «cubrir el déficit de unas cuentas del Mundial que ni siquiera conocemos, porque al equipo de gobierno no le ha dado la gana», manifestaba Fierro.
PP y PSOE volvieron además a votar en contra del reconocimiento extrajudicial de crédito por 480.000 euros para el pago de facturas y que ya había sido rechazado en un Pleno anterior. Una circunstancia que fue duramente criticada por el equipo de gobierno.
«Esto perjudica a empresas locales y al empleo local y puede provocar reclamaciones. Y además un enriquecimiento ilícito del Ayuntamiento, que se está quedando con un dinero que no le corresponde, porque esos servicios están prestados», manifestó Folgueral.
Las facturas corresponden a las empresas Cymotsa, Somacyl y Pinturas Fontecha y el argumento del grupo popular es que algunas de ellas son de servicios realizados durante el Mundial de Ciclismo y no creen conveniente «dar cobertura a unos gastos» cuando no conocen las cuentas del encuentro deportivo.
«Además las paga el Ayuntamiento, no la Fundación de Deportes», añadió Fierro.
El TSJ valida el nombramiento de Sergio Gallardo
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada anunció este lunes que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha validado la toma de posesión del concejal Sergio Gallardo, aunque aún está por resolverse la cuestión sobre las atribuciones de los miembros del equipo de gobierno, después de que una denuncia del grupo municipal popular motivara una resolución en contra de este tribunal.
El alcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, aseguró que si la sentencia no apoya finalmente el reparto de retribuciones, se volvería a la situación anterior y costaría más dinero al Consistorio, ya que se pasaría de las 4,85 dedicaciones exclusivas actuales a las más de ocho del anterior gobierno popular. Lo que, estima, «costaría al Ayuntamiento más de medio millón de euros».
Una circunstancia negada por los miembros del grupo municipal del PP, que incluso calificaron al alcalde, en el caso del edil Reiner Cortés, de «mentiroso patológico». «Es otro cuento de este alcalde que miente más que habla», aseguró Cortés.
Según los populares, no entraría en vigor el acuerdo anterior porque los concejales ya habían cesado en sus retribuciones. «No recibiría ninguna retribución anterior, lo que tendrían es que devolver las retribuciones que pudieran haber percibido de forma irregular».