Un desacuerdo que se traducirá en la pregunta que este martes llevarán al Pleno que se celebrará en las Cortes de Castilla y León y en la que se pedirá al consejero de Fomento de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, que reclame al Ministerio de Fomento el mantenimiento de los trenes que existían desde Ponferrada a Madrid, así como el establecimiento de conexiones adecuadas con los horarios del AVE para que éste «no sirva para aislar al Bierzo, sino para unir a los bercianos con el resto de la provincia y el resto de España», según expuso Rodríguez, en una comparecencia realizada este lunes en la sede del Consejo Comarcal.
«Le vamos a pedir al consejero que reclame una reunión a la ministra de Fomento para hacer una reorganización ferroviaria que permita que las ventajas de la alta velocidad lleguen a este lado del Manzanal», enfatizó.
Los socialistas consideran que el AVE «ha dinamitado las conexiones con el Bierzo» y que ha existido «una desorganización total». El presidente del Consejo Comarcal recordó además que en el Pleno celebrado la pasada semana se propuso realizar una comisión para analizar la situación de las conexiones ferroviarias del Bierzo y que en la misma no sólo estarán representados responsables políticos, sino también empresariales y sindicales. «En representación de los ciudadanos que se pueden ver afectados por esta situación y así tener una voz única».
Courel defendió que hay que «mantener lo que tenemos» y estudiar la doble situación planteada por la falta de conexiones adecuadas con las llegadas del AVE a León junto a la pérdida de trenes directos a Madrid. «Habrá que ver qué es lo mejor y que la oferta sea la más competitiva, porque si no lo que ocurrirá es que los ciudadanos cogerán su propio coche para ir a Madrid», afirmó.
Courel consideró que la conexión con Madrid «se ha quedado coja», además de mantenerse el problema que ya existía en la comarca con los trenes de cercanías. «No todo son conexiones de AVE, sino también entre los pueblos de nuestra comarca. Seguimos teniendo esos problemas. Por ejemplo en la estación de la Granja de San Vicente, donde en lugar de tener los cuatro trenes de antes, dos por la mañana y dos por la tarde, ahora sólo hay uno por la tarde, por lo que el que quiera ir a León tendría que hacer noche allí y volver al día siguiente». Un recorte en las comunicaciones por el que ya se ha solicitado una reunión con el director de Renfe.
La nueva ordenación del territorio, "una chapuza"
Rodríguez consideró además una «chapuza» la nueva ordenación del territorio planteada por la Junta de Castilla y León y defendió la «unidad básica del Bierzo» como una «unidad única, tal y como recoge la ley comarcal».
La nueva organización, que divide el Bierzo en siete unidades territoriales, en las que además se incluyen las localidades de La Silva y Montealegre, del municipio de Villagatón, ha concitado las críticas de varios representantes políticos y alcaldes de la comarca. Rodríguez acusó además al consejero de Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, de querer «comprar voluntades» ofreciendo financiación si se acepta la reorganización planteada por el gobierno autonómico. «Se han sacado estas unidades de la chistera y son más por la guerra interna del PP de Castilla y León que por el futuro de los ciudadanos. El enfrentamiento interno del PP quiere buscar un enfrentamiento entre los ciudadanos».
"El plan de empleo en las cuencas es insuficiente"
El procurador socialista consideró este lunes que el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de un plan para apoyar la creación de empleo en las cuencas mineras es «claramente insuficiente».
«Hablan de crear 200 empleos en los 31 municipios mineros de Castilla y León cuando sólo Villablino tiene cuatro veces más parados, o Fabero más desempleados que todos esos empleos que quieren crear», alegó.
El procurador apuntó que el próximo día 13 se producirá «una de las últimas oportunidades de futuro que tiene el carbón» con la votación en el Senado de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, con enmiendas por 350 millones de euros «para salvar el carbón y las cuencas».
También reclamó como un «balón de oxígeno» el ‘céntimo verde’, una exención fiscal hasta 2018 para las empresas mineras que cumplan ciertos requisitos medioambientales y de mantenimiento del empleo.