El PSOE pide a la alcaldesa de Ponferrada que abone las costas del conflicto judicial de las basuras

.El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Olegario Ramón, culpa directamente a la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo de haber llegado al periodo de cumplimiento obligatorio de la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia obliga a retomar el contrato de limpieza, que unía también jardines y que se adjudicó en su momento a FCC por 122 millones y 25 años. En ese momento, con el gobierno bipartito de Samuel Folgueral, otra de las licitantes, Urbaser, denunció irregularidades en el pliego de condiciones que ha respaldado el alto tribunal, que decidió solicitar esa revocación contractual voluntaria. Pese a que el Consistorio tuvo dos meses para ejecutar la sentencia, no se llegó a convocar la mesa de contratación por las dificultades que, según había asegurado el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, tenía la definición de los miembros de esa reunión necesaria, puesto que había concejales en el primer procedimiento que habían dejado de serlo.

Ramón considera que «no era tan difícil establecer esa mesa», como ahora se valora «estarán los mismos concejales, pero los actuales, y los mismos técnicos». Pero, aunque el trámite «no era complejo» ha hecho que el 7 de febrero el Juzgado Número 2 de León solicitara la ejecución obligatoria de la sentencia, que tiene que realizarse en los siguientes 20 días hábiles, es decir «como muy tarde el 7 de marzo». Eso hace que el Consistorio tenga que pagar las costas de un procedimiento, que se hubiera ahorrado de acogerse al cumplimiento voluntario, según el PSOE. Por eso, Ramón considera que debe ser la alcaldesa, como responsable de ese retraso, la que se encargue, con su patrimonio, de pagar las costas. Sin embargo, la portavoz del PP, Amparo Vidal, critica a Ramón de «hacer demagogia y de intentar confundir a la ciudadanía», puesto que « si se refiere a las costas del pleito principal, se trata de algo cuando menos desafortunado pedirnos que se paguen unas costas por un pleito causado por el bipartito que gobernó anteriormente».  Vidal anima a Ramón a que repase las sentencias para darse cuenta de que respecto al pleito principal no hay imposición de costas en ninguna de las instancias. Y, si se refiere a la ejecución, dice  Vidal « le pedimos que se informe mejor, ya que como profesional del Derecho, debería saber que no hay imposición de costas en este proceso».

Espera Ramón que en 20 días Urbaser pueda hacerse cargo del servicio, aunque la tramitación podría estirarse, algo que preocupa a los trabajadores del servicio «que son los paganos de esta situación», lamenta el portavoz socialista. Y es que, el comité de empresa se ha pronunciado con el temor de que no se resuelva su situación antes de fin de año y tengan, por ello, que acogerse al convenio provincial, con peores condiciones. De hacerse cargo Urbaser del servicio el número de trabajadores podría crecer, puesto que su propuesta en la licitación fue de 114 empleados frente a los 96 que presentó FCC.
En cuanto a la licitación del Transporte Urbano de Ponferrada, TUP, esta vuelve a sufrir un parón pese a que la corporación considera urgente su resolución, ya que el servicio se ofrece prorrogado desde hace cinco años.

Ramón se pregunta qué razones hacen que se mantenga esa situación con distintos gobernantes y critica que el actual equipo de gobierno esté haciendo «lo mismo que criticaba en los demás». Alcanzará los dos años con el servicio prorrogado y augura Ramón que no se cumplirán los dos meses de demora de la licitación para adecuarla a la nueva Ley de desacción. Apunta que ese cambio podría ser bueno, incluso podría considerar que la licitación del servicio se estaba haciendo al alza y proceder a rebajar los 2.570.000 euros que tenía como precio de salida.

Ramón considera que serán más de dos meses los que se tarde en resolver este asunto, que incluso podría sufrir un nuevo parón  si se ve afectado por la nueva Ley de Contratos por publicar.
Sí aclara Ramón que este retraso no afectará a las negociaciones sobre los presupuestos municipales, puesto que en la primera reunión mantenida por su grupo con el equipo de gobierno, en la que el PSOE le puso sobre la mesa un decálogo de condiciones previas a la negociación «no iba esta resolución», dice.