El PSOE pide responsabilidad "política y patrimonial" por el caso FCC

Con las abstenciones de Coalición por el Bierzo y Unidad Social de Electores, el pleno aprobó el dictamen de la comisión de Medio Ambiente por el que se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a desestimar el contrato de la gestión de servicios públicos limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes y recogida de RSU en Ponferrada adjudicada hace dos años y retrotraerse a la mesa de contratación.

El portavoz del PSOE, Olegario Ramón pidió «responsabilidades políticas y patrimoniales» por haber llegado a que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de León tuviera que proceder a la ejecución forzosa de una sentencia hecha pública en junio. Ramón considera que podría haber costas notables que considera que se deben a «una mala gestión», del equipo de gobierno. El portavoz considera que mientras no se ha llegado a dar este paso  «se está dando un mal servicio a la ciudadanía, hay un perjuicio para los trabajadores, han perdido derechos y podemos estar ante una indemnización importante si la adjudicataria no renueva el contrato», augura. Los trabajadores, que quisieron asistir a la sesión, aplaudieron su discurso,criticado por el líder del PRB, Tarsicio Carballo, por entender que era «un mitin barato». No lo hicieron con la defensa de Samuel Folgueral del contrato ahora anulados, cuando aseguró que hasta los trabajadores estaban satisfechos con el texto, algo que les hizo saltar con la palabra mentiroso en la boca.

PSOE, PP, Ponferrada en Común, PRB y Ciudadanos secundaron la aprobación del punto aunque todos apuntaron que respaldaban el enunciado del mismo, no la alocución efectuada por la alcaldesa que pedía que se aprobara que ella había dado cumplimiento al fallo. Coalición por el Bierzo, aunque de acuerdo con el cumplimiento, aseguraba que «no se está haciendo bien», puesto que su portavoz, Pedro Muñoz, defendía que «debe hacerse por decreto de la Alcaldía, después se reúne la mesa de contratación y es cuando se lleva a pleno». Pese a que la regidora, Gloria Fernández Merayo solicitó a la secretaria del Ayuntamiento que diera lectura a su propio informe, en el que recogía que debe ser el órgano que aprobó el contrato el que de cumplimiento y que la alcaldesa no es el órgano de contratación, Muñoz siguió defendiendo su postura. Por su parte la concejala de Hacienda quiso dejar claro que este tema «es una herencia» del anterior equipo de gobierno, capitaneado por Samuel Folgueral, portavoz de USE que, a su vez, quiso recordar que este tema viene del gobierno popular de López Riesco.