Según el tripartito gobernante actual, formado por PSOE, IU y Alternativa Ciudadana, en 2013 se decidió ampliar las estancias del cementerio, una obra necesaria porque quedaba muy poco espacio para seguir realizando enterramientos pero que necesitaba expropiar varias parcelas, una de ellas, la parcela 71, propiedad de un matrimonio que recurrió a la expropiación por considerar que se le restaban más metros de los que se abonaban. Se trataba de un espacio de unos 800 metros cuadrados los que se requerían de esa finca para acometer la ampliación, que supuso un desembolso de 200.000 euros por parte del Ayuntamiento, aunque se cogieron 173 más, que no se pagaron. Aunque los vecinos propietarios exigieron personalmente al regidor el pago, esté, según explica el actual equipo de Gobierno, les instó a seguir vía judicial, algo que hicieron.
El juzgado de primera instancia anuló el acuerdo plenario por el que se aprobaba la ampliación, ya que tampoco se cumplía la distancia mínima de 100 metros con respecto a la zona urbana. «La sentencia es demoledora», dice el regidor, Sergio Álvarez, que asegura que el PP actuó conociendo la irregularidad de su actuación «que deja una deuda ahora para las arcas municipales» que deben hacer frente a una indemnización de 50.000 euros a los propietarios más la vuelta del cementerio a su estado anterior. Por esa mala gestión, que se suma a otras sentencias, apuntan, con las que se ha engordado una cifra de más de medio millón de euros, el tripartito ha pedido la dimisión en bloque del equipo popular y solicitarán por escrito al anterior regidor que costee la resolución judicial «porque actuó por capricho y ya estoy harto de que esto suceda», dice el alcalde.
Vila asegura que el agujero económico que ha dejado el PP con su mala gestión de 2011 a 2015 supera el medio millón de eurosLa suma de las sentencias en contra del Ayuntamiento propiciadas por el anterior regidor «ya supera el medio millón de euros», dice la portavoz de IU, Susana Vila, una cantidad inasumible con unas cuentas que en la actualidad tienen algo menos de 5 millones de deuda, pero que hace dos años contaban con 7 millones en ese apartado. Álvarez asegura que para ejecutar esta sentencia necesitarán echar mano del ahorro que tenían de un crédito con tres años de carencia «y eso hará que, aunque tengamos proyectos, no los podamos realizar», reprocha «el PP va en contra de los ciudadanos», dice.
El concejal de Alternativa Ciudadana, Santiago Álvarez lamenta que una queja de unos vecinos que pedían que se les pagara por sus terrenos y que se habría zanjado con algo más de 3.000 euros, ahora tenga que pasar a una indemnización de 50.000, además de las obras que se realizarán en el cementerio. El regidor considera que ha sido una ilegalidad «chapucera» e incluso «demuestra un grado de estupidez» superlativo, dice, al no percatarse de la distancia que marca la ley de un cementerio a la zona urbana «es una chapuza fruto de la más absoluta ignorancia o de la mala fe y va en contra de las arcas públicas», dice.
El tripartito pide la dimisión en bloque de los ediles del PP por una política que aseguran que les deja una huella de deuda de 500.000 eurosPor eso, pese a tener mayoría, pide que todos los concejales del PP dejen sus puestos. Vila asegura que el agujero que se mantiene en el Ayuntamiento por culpa de la gestión popular de 2011 a 2015 «hace que no podamos acometer proyectos que teníamos en cartera», lo que limita la capacidad de actuación de los gobernantes. Por eso critican la política «del insulto» por parte de Canedo, que, asegura Álvarez, incluso ocultó este procedimiento judicial, que sigue abierto en otra vía, porque según el regidor, se asignó una cantidad presupuestaria para el proyecto que no estaba recogida en presupuestos.