Junto a él, se sentó en el banquillo de los acusados la que fuera secretaria interina en el consistorio berciano durante la alcaldía de Canedo, para la que se solicitaron cuatro años de prisión.
El documento en cuestión se trata de un certificado en el que se aseguraba que no existía ningún documento en los archivos del Consistorio donde se recogieran las retribuciones de los funcionarios municipales durante las situaciones de baja por incapacidad temporal. Ante ello, la Fiscalía les acusó de “omitir tanto el envío como la mención alguna” de las nóminas de los funcionarios que si percibieron la totalidad de sus retribuciones respecto del mes anterior al de causar baja.
Durante su declaración en la Audiencia leonesa, Adolfo Canedo aseguró que en ningún momento él realizó el certificado en cuestión, sino que “tan solo dio el visto bueno” al que había elaborado la secretaria del consistorio.
No obstante, aseguró que “nunca estuvo en cuestión el pago del 100 por 100 del suelo a las personas que se encontraban de baja”, sino que la controversia surgió “a partir del cuarto mes”, ya que “nunca había habido bajas superiores a los tres meses”.
En cuanto al caso particular de la persona que interpuso la denuncia contra el que fuera edil de Cacabelos, éste aseguro que “sabía que a la anterior secretaria se le pagaba el 100 por 100 de su sueldo durante la baja”, algo que se realizaba “sin seguir ningún tipo de normativa”. Sin embargo, cuando la baja superó los tres meses de duración, el alcalde solicitó un informe para saber “cómo se tenía que hacer”.
En su relato, el exalcalde señaló que “tenía que ser la persona de baja la que solicitara la autorización de la excepcionalidad”, por lo que como esto no ocurrió, “le correspondía reducirlo al 75 por ciento”.
Por su parte, la que fuera secretaria interina en el Consistorio berciano durante la Alcaldía de Canedo aseguró que el certificado sí fue elaborado por ella, pero bajo “orden del alcalde”, ya que “se trataba de algo que había pedido el juzgado en varias ocasiones”.
Penas
La petición de la Fiscalía para Canedo se mantiene en una pena de cinco años de prisión, más una multa de 18 meses con una cuota de 20 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como alcalde durante cinco años.
Para la exsecretaria interina, el Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones como secretaria durante tres años y una multa de 20 euros diarios durante un año.
Por su parte, la defensa de ambas partes solicitó la libre absolución de sus defendidos al considerar que son inocentes de los cargos de los que les acusa.