De este modo, la Xunta ha tomado una parte activa en las protestas por unos trabajos que, según afirmó el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, el pasado 15 de noviembre, se dividen en dos fases: una primera de reparación del viaducto hacia Madrid cuya fecha límite es el segundo semestre de 2023, y una segunda de reparación del viaducto hacia A Coruña a desarrollarse durante 2024.
No obstante, desde la Xunta insisten en que estas obras se deben realizar de forma simultánea y que, para ello, el Gobierno de España "debe recapacitar y mudar su decisión para evitar un nuevo agravio y un daño irreparable". Incluso se atreven a vaticinar que, de no ser así, la solución definitiva se podría demorar hasta el año 2028.
En cuanto a la evolución de los trabajos, Ethel Vázquez afirmó que "ya deberían estar levantadas las primeras pilas", por lo que considera "tremendamente complicado, o prácticamente imposible, que el viaducto en sentido Madrid esté en servicio a finales de 2023", tal y como prometió el Gobierno.
Los problemas existentes en el transporte de mercancías y el enorme volumen de tráfico que soporta esta arteria de comunicación a diario son dos de las grandes preocupaciones de Vázquez. Describe que el desvío habilitado en Piedrafita "no es eficaz ni reúne las condiciones necesarias" y, además, señala "varios accidentes de tráfico" que se han producido en la zona en fechas recientes, además de los atascos y las retenciones que bloquean la entrada a Galicia.
Este papel activo de reivindicación y protesta de la Xunta de Galicia contrasta con la Junta de Castilla y León, la cual, si bien ha remitido un escrito conjunto con la institución gallega al Gobierno para exigir esta simultaneidad en los trabajos, muestra una actitud diferente en cuanto a esta grave problemática.
El BNG pide responsabilidades
Por otro lado, uno de los partidos políticos más combativos en este ámbito, el BNG, se ha pronunciado también en las últimas horas lamentando que el Ministerio de Transportes todavía no haya pedido explicaciones oficiales e incluso responsabilidades económicas a las empresas implicadas en la construcción de un viaducto que se ha venido abajo en solamente dos décadas. El diputado nacional de la formación galleguista, Néstor Rego, recuerda que CC y ACS son las principales empresas que trabajaron en la zona y, de hecho, el Ministerio encargó su auditoría a dos consultoras que normalmente operan con estas compañías. Debido a esto, considera que no llegaron a una conclusión clara sobre las causas del derrumbe sino que alegaron una suma de factores que perseguía el objetivo de evitar señalamientos concretos.
Las causas según el Ministerio
Cabe recordar que estas causas a las que hizo referencia Rego fueron explicadas por Xavier Flores el pasado mes de noviembre. Apuntó que la hidrodemolición, es decir, los trabajos "necesarios y obligatorios" que se estaban realizando en el viaducto a raíz de un fallo en el sistema de impermeabilización que provocaba la entrada de agua en el tablero que afectaba a todo el sistema, y el desgaste del hormigón en un entorno contaminado por la inmediata entrada de agua con sales fundentes fueron los detonantes de los derrumbes.
Como autocrítica, Flores aseveró haber tomado nota de la necesidad del cuidado de las infraestructuras para que no se repitan incidentes de este calado y, para ello, manifestó haber destinado casi el doble del dinero al mantenimiento de las carreteras en los nuevos presupuestos. Unas explicaciones que, para el BNG, fueron insuficientes y no exigieron las responsabilidades pertinentes.