Mientras todavía continúa el tira y afloja entre el Partido Popular y el PSOE para ultimar la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Ponferrada mediante el cual solicita información sobre el estado de la ZBE en la capital del Bierzo y, además, recuerda una vez más el carácter obligatorio de su implantación, siguiendo la normativa europea en relación con la Ley de Cambio Climático.
Ante ello, el alcalde ponferradino, Marco Morala, ha explicado instantes después de reunirse con los servicios y técnicos municipales que trabajan en este aspecto que enviará una respuesta al Gobierno que detallará el resultado de las votaciones de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en el pleno municipal, especificando "quiénes votamos a favor y quiénes la rechazaron y, por lo tanto, no han permitido que Ponferrada cumpla con la legislación vigente y con los plazos marcados".
El regidor se refiere a la sesión plenaria que tuvo lugar el pasado 14 de mayo, cuando el proyecto técnico de la ZBE y la aprobación inicial de la ordenanza reguladora fueron rechazados con 13 votos en contra (11 del PSOE y 2 de Vox) y 12 a favor (PP y Coalición por El Bierzo). Por ello, sigue en el aire el riesgo de devolución de los 2,4 millones de euros de ayudas recibidas desde Europa mientras, para tratar de evitarlo, PP y PSOE siguen negociando sin éxito la ordenanza.
En este pleno de mayo, el equipo de Morala no aceptó las dos modificaciones que el PSOE consideraba fundamentales para poder adherirse a la aprobación de este punto: la fecha de inicio de restricciones el 1 de enero de 2026 en lugar de diciembre de 2027 y el establecimiento de restricciones de tráfico cuando la situación lo requiera. Por su parte, desde la bancada de Vox, Patricia González aseveró que mantenían sus compromisos de campaña, cuando aseguraron que no pasarían por la aprobación de esta zona al considerar que "se ahorca al comercio de la ciudad por no sacrificar el dinero que ha costado y que se ha invertido por sus propios intereses".
Con una posición opuesta, Coalición por El Bierzo habló de la pretensión de abrir zonas y no de cerrarlas, y su portavoz Iván Alonso defendió que "la propuesta que ponemos sobre la mesa es perfectamente aplicable, no es restrictiva y va a cumplir con la normativa". "Si no se apoya alguien va a cargar con esa responsabilidad" , dijo, mientras reiteró que "defendemos a los trabajadores y por eso jamás vamos a permitir este atropello".