El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este martes, 10 de diciembre, anuncia la denegación de la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción a 'Capella Auriga, S.L.' para la instalación de un parque de producción de energía, mediante tecnología fotovoltaica, denominado 'Compostilla IV'.
El 26 de enero de 2023, se presentó una declaración de impacto ambiental que fue aprobada cinco meses después, aunque aún estaba condicionada a la obtención de las autorizaciones de las infraestructuras de evacuación compartidas con otros expedientes. Más tarde, en octubre, se remitió al promotor del parque fotovoltaico un requerimiento para que presentara el proyecto de la instalación, modificado para cumplir las condiciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental. Desde ese momento se abrió un proceso burocrático que se ha extendido hasta la actualidad y que incluye diversas alegaciones que surtieron efecto emitidas por Tyto Alba, Bierzo Aire Limpio, Granja Cando, Paisajes y Viñedos del Bierzo, Viñedos de Corullón, Asociación El Bierzo Sentido y Green Capital, además de otros particulares.
Los promotores de este parque (y del Compostilla III, en Cabañas Raras) fueron obligados a reducir su dimensión de 98,51 a 56,33 las hectáreas de superficie por su afectación a terrenos agrícolas. Fue el sindicato Asaja el que provocó esta modificación a pesar de que la Junta de Castilla y León había dado su visto bueno anteriormente.
Algunas de las características corregidas para el nuevo proyecto eran las siguientes: 49,99 MW de potencia pico total, 17.314.805,60 euros de presupuesto de ejecución material, declaración de impacto ambiental ya favorable para el proyecto de la planta fotovoltaica y su infraestructura de evacuación asociada hasta la subestación 'Compostilla', 250 MVA de potencia nominal o 6.642.760,78 euros de presupuesto de ejecución material de la subestación.
Tras esta modificación, el proceso ha llegado hasta diciembre del 2024, momento en que el Bocyl ha denegado la autorización al considerar que el proyecto "no cumple con el total de los condicionantes establecidos en el apartado de la declaración de impacto ambiental".
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación.