El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, pone en duda el cumplimiento de los plazos que los socialistas han anunciado para el tramo berciano de la A-76. Asegura Morala que “les desmiente la realidad de todos los años de gobierno sanchista en dos legislaturas diferentes, en los que no se ha hecho nada. “Se han puesto tan nerviosos por las encuestas que han tratado de improvisar a la carrera un akelarre sanchista con absoluta imposibilidad de cumplir las previsiones. Lo peor de todo es que son conscientes de que no se van a cumplir y no les importa”, lamenta.
Ha sido un “montar a toda prisa un salvar al soldado Olegario”, dice y recuerda que el 6 de febrero y a la pregunta simple y directa ¿en qué mes del año 2023 procederá el Ministerio a licitar las obras del tramo entre Villamartín y Requejo?, el gobierno contestó que actualmente se trabaja en la redacción del proyecto y que el siguiente paso es la información pública.
“Suponiendo que cumplieran rápidamente esos trámites, el siguiente en sus propias palabras es la supervisión previa a la aprobación del proyecto para que se pueda proceder a la licitación”. Por eso pone en duda que “lo que no han hecho en años lo van a liquidar en semanas, y si no, quizás algún diputado se ofrezca para mediar y aligerar el asunto, a pesar de que se echara en falta ayer al diputado nacional y secretario provincial socialista Cendón”, dice.
CB dice que no podrá ser hasta 2025
Desde Coalición por El Bierzo se unen a esa duda y acusan al secretario de Infraestructuras, Xavier Flores por haber venido a Ponferrada a vender “la misma canción que en otros festivales”, en referencia a la licitación del primer tramo de la A-76. Hacen memoria para recordar que en 2018 ya fue publicada la información pública del proyecto de trazado por un importe de 101,6 millones.
Posteriormente, el 13 de febrero del 2019, se aprobó y, en unos 6 meses, debería pasar a ser aprobado definitivamente y, “por tanto, deberían haberlo sacado a licitación ese mismo año. Pero al gobierno, no le interesó lo más mínimo y lo metió en un cajón donde ha dormido, curiosamente, hasta ahora”. Ahora hablan de sacar el proyecto a información pública en abril “lo cual supone un retroceso aprovechándose de que los ciudadanos, habitualmente, no entienden estos subterfugios”. Y con los tiempos en la mano, esta nueva información pública comporta 30 días hábiles para alegar sobre el trazado y 20 días hábiles para alegar sobre las expropiaciones “lo cual supone que tendrán que motivar muy bien esta nueva información pública y anular la anterior del 2019 que fue aprobada por el Secretario de Estado”.
“Si se sacase a información pública en abril, con seguridad habrá alegaciones y los plazos se dilatarán varios meses, por lo que muy difícilmente se aprobará para este año 2023”, auguran. “Si todo fuese bien, se pueden licitar las obras en verano del 2024, y la duración se prolongará hasta el 2025”. Por eso consideran que lo que se ha hecho es vender algo que volverá al cajón tras las elecciones.