La Audiencia admite investigar por la vía penal a CRS por la deuda a sus empleados

La Sección 3 de la Audiencia Provincial de León ha estimado un recurso de apelación interpuesto por un grupo de ex trabajadores de la empresa SDAD CRS S.A. (Construcciones Rodríguez Santalla), para que se investigue por la vía penal la deuda por los despidos improcedentes que la empresa, actualmente en concurso de acreedores, mantiene con estos empleados desde el año 2012.

Los trabajadores ganaron en la vía civil su demanda por despido y obtuvieron el reconocimiento de sus indemnizaciones, unas cantidades que, dependiendo de la categoría o años de antigüedad de cada uno de ellos, iban de los 56.000 a los 121.000 euros. El importe total de la deuda con toda la plantilla que denunció el despido improcedente ascendía a más de 1,5 millones de euros. Sin embargo, los trabajadores no han llegado a cobrar esta deuda porque la empresa alegó insolvencia.

Vista la situación, 14 de los 21 trabajadores afectados decidieron acudir a la vía penal al tener constancia de que en los meses previos y posteriores al despido, las distintas empresas filiales de la Sociedad Construcciones Rodríguez Santalla «vendieron diferentes inmuebles a terceras personas y otorgaron varias escrituras públicas en dación de pago de las deudas», según consta en los fundamentos de derecho del auto1017/208 que emitió lacitada Sección 3 de la Audiencia Provincia de León el pasado 18 de octubre, para estimar el recurso de los denunciantes.

La Sala considera que hay «indicios racionales» de que el denunciado, Hermógenes Rodríguez Santalla, propietario de las empresas, ha podido cometer un delito de insolvencia punible «mediante un plan preconcebido y una estrategia perfectamente diseñada», poniendo de manifiesto la conducta intencionada de situarse en una situación de insolvencia, frustrando los derechos de sus acreedores, en este caso, los trabajadores de la compañía, de percibir lo que se les adeuda.

En este sentido, la Sala revoca y deja sin efecto una resolución inicial del Juzgado de Instrucción Número 4 de Ponferrada de junio de este año, que no admitió la demanda de los trabajadores por la vía penal. La Audiencia Provincial acuerda ahora«la continuación de las diligencias previas» y que el citado juzgado de Ponferrada retome el caso y «dicte las resoluciones que procedan en derecho vistos los indicios que existen de responsabilidad penal».

La empresa Construcciones Rodríguez Santalla, que ha tenido distintas nominaciones en los últimos tiempos en que funcionó, fue durante años una de las constructoras bercianas más potentes en obra civil. A ella se le adjudicaron proyectos públicos millonarios como la avenida de España de Ponferrada, la construcción del nuevo Parque de Bomberos en 2008 por 2,7 millones, el Centro Integrado de Formación Profesional de Ponferrada por 3,5 millones de euros,la remodelación del casco viejo de la ciudad en el año 2005 por 1,3 millones de euros, la culminación de la traída de agua desde el pantano de Bárcena en el año 2006 por 1,7 millones de euros o los accesos al centro Logístico Cylog en el año 2011 en unión temporal con otra empresa por 1,2 millones.

En noviembre de 2012 entró en liquidación y despidió a sus trabajadores de forma «improcedente» según reconocieron los tribunales, en una sentencia que aún sigue esperando ser cumplida.