La huerta berciana cultiva megavatios

La generosa huerta berciana lleva siglos abasteciendo a los pobladores de la comarca de alimentos que en los últimos años están conquistando el mercado de la mano de los sellos de calidad que ostentan cultivos como el pimiento, la cereza, la castaña, la pera conferencia o la manzana reineta. Sin embargo, la transición hacia un nuevo modelo energético vuelve a poner de relieve el cultivo de otro producto: la electricidad que proviene del sol. Dos juntas vecinales del municipio de Toral de los Vados quieren sumarse a esta segunda ola que viven las energías renovables con un proyecto para construir una planta solar de 70 hectáreas.

En concreto, la iniciativa prevé desarrollarse en terrenos de las entidades locales menores de Otero y de la cabecera del municipio, que aportarán cada una aproximadamente la mitad de la superficie total. Con la instalación de este parque solar fotovoltaico de producción de energía eléctrica cada una de las juntas vecinales prevé ingresar unos 30.000 euros al año, dado que el precio base por hectárea se establece en 900 euros. “Hay muchas juntas vecinales que están haciendo estas propuestas, económicamente va bien y la energía limpia es lo que está al día”, explica la alcaldesa pedánea de Otero, Josefa Garnelo, que el proyecto cuenta con el visto bueno de la oposición en cada una de las juntas vecinales.

Al respecto, la aventura conjunta de Otero y Toral de los Vados prevé convertir unos pinares plantados en montes comunales hace tres décadas, cuando el aprovechamiento maderero estaba en auge, en una moderna instalación de producción de electricidad, aprovechando la rentabilidad creciente que experimenta de nuevo el sector de las energías limpias, empujada por el impulso que las instituciones europeas están dando a los procesos de transición energética y de descarbonización de la economía. “Ahora mismo hay una fiebre por las energías renovables y las placas solares, la cosa debe ir por ciclos”, comenta García, que destaca que la construcción de la planta solar aportaría otro beneficio medioambiental además del evidente, ya que reduciría el riesgo de incendio al eliminar los pinos de los terrenos.

Según la oferta publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el contrato tiene una duración prevista de 30 años, lo que garantiza a estas entidades locales unos ingresos de más de 900.000 euros en las próximas tres décadas. Aunque por el momento no se han presentado ofertas, el pedáneo de Toral de los Vados, Sergio García, confía en que empresas dedicadas a las energías renovables se interesen por los terrenos y opten a la licitación. “Sería bueno porque estaríamos colaborando con el medio ambiente a la vez que ganaríamos un dinerillo para la junta vecinal”, subraya.

En ese sentido, García destaca la necesidad de que las juntas vecinales dispongan de estos ingresos para acometer pequeñas actuaciones como desbroces o arreglos de caminos rurales, unas medidas que son de suma importancia en una zona donde la actividad vitivinícola tiene una gran presencia. “A veces los vecinos agradecen más el arreglo del camino que les permite ir a su viña que una acera nueva”, asegura el pedáneo, que reconoce que la junta vecinal de Toral de los Vados es “la rica dentro de la miseria” entre las cinco localidades que componen el municipio, al disponer de ingresos procedentes de una antena de telefonía y de un tanatorio.

Además, la localidad también ingresa más de 20.000 euros al año por el alquiler de terrenos a los gestores de otro parque fotovoltaico instalado en el año 2006 en terrenos del monte Oucedo, en unas fincas muy cercanas a las incluidas en el proyecto actual. En ese sentido, la idea de las juntas vecinales es “continuar con ese antiguo proyecto” en los terrenos adyacentes, explica la pedánea de Otero. Con el nombre de Santa Eulalia, la instalación de este primer huerto solar, que en su día fue el más grande de la provincia de León, corrió de la mano de la extinta empresa Bierzo Solar, que invirtió unos 25 millones para instalar más de 4.000 paneles en unos terrenos de 85 hectáreas.

En esta ocasión, el pliego de condiciones establece que las empresas interesadas en el arrendamiento deberán comprometerse a dar preferencia a los vecinos del municipio, en igualdad de formación y condiciones laborales con terceros, a la hora de contratar al personal que se encargará de la puesta en marcha y la gestión de la planta fotovoltaica. Además, los licitadores deberán aportar los estudios y proyectos técnicos necesarios para la implantación del parque solar y tendrán que presentar también un informe de viabilidad emitido por Red Eléctrica de España (REE), que autorice la evacuación de energía hacia alguna de las subestaciones del entorno.

Las empresas vienen tardando entre dos o tres años en obtener las licencias para hacer realidad estos proyectos" De la misma manera, deberán acreditar con documentos su participación en otros proyectos de energías renovables instalados en España y conseguir todos los permisos urbanísticos y autorizaciones ambientales necesarios para la puesta en marcha de la instalación. “Las empresas vienen tardando entre dos o tres años en obtener las licencias para hacer realidad estos proyectos”, explica García, que detalla que desde el momento en que se produzca la adjudicación y hasta que se inicien las obras, la empresa beneficiaria deberá pagar a las juntas vecinales 450 euros por hectárea y año, la mitad del precio estipulado una vez la instalación entre en funcionamiento. Igualmente, el pliego de condiciones permite a la empresa adjudicataria renunciar al contrato si en un plazo de tres años no consigue obtener los permisos necesarios.

Aunque el precio por el arrendamiento de cada hectárea de terreno se fija de manera preliminar en 900 euros al año, estas cifras pueden mejorarse al alza, ya que el precio ofertado será el único criterio para determinar la proposición más ventajosa. En ese sentido, el contrato establece también una duración máxima de 30 años, aunque abre la puerta a la posibilidad de prórroga por acuerdo expreso entre las partes, por periodos de cuatro años, hasta la finalización de la vida útil de la planta solar.