La concejala de Hacienda, Amparo Vidal, que con su homólogo de Medio Ambiente, Roberto Mendo, formaron parte de la mesa, aseguró que las abstenciones vienen documentadas extensamente y considera que es prioritario estudiar esa documentación antes de llevar a pleno esa resolución.
Mientras, los trabajadores del servicio pedían movimientos al Ayuntamiento para resolver la situación que «nos obliga», dicen, a ir a la huelga a partir del 3 de abril.
Los empleados consideran cuanto menos «curioso» que con una sentencia definitoria en la mano que obliga a que se vuelva a la mesa de contratación «haya tantas interpretaciones» que hagan difícil llevarla a cabo «¿o es que aquí hay otros intereses que se nos escapan?», ponen en cuestión. Pese a todo, los trabajadores aseguran que continuarán negociando todo lo que puedan para no llegar a los paros, pero piden al consistorio que «empiece a tomar de verdad cartas en el asunto y deje de culpar a los trabajadores que son los pagamos de esta situación», apuntan. Responden así a la reflexión que les pedía la concejala de Cultura, María Antonia Gancedo sobre las repercusiones para el turismo de una huelga de basuras en Semana Santa.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Olegario Ramón pide que «se defienda la legalidad y los intereses de los ciudadanos» en la resolución de la sentencia por la que se retrotrae el contrato del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y mantenimiento de jardines. Ayer se celebraba la mesa de contratación para iniciar la resolución de esa sentencia que Ramón considera que ha paralizado la vida municipal «y no puede parar la actividad por complicada que sea o por las presiones que se sufran», dijo. Asegura Ramón que el equipo de gobierno no está realizando comisiones y limita los plenos, incluso pone el ejemplo de la comisión de Relaciones Administrativas, encabezada por la regidora, Gloria Fernández Merayo, que no tiene una reunión desde agosto de 2016. Ramón criticó también al que fuera alcalde de la ciudad en el momento de la adjudicación del servicio a FCC por 17 años, con una prórroga de tres, Samuel Folgueral «consumó la chapuza del siglo», dijo, por lo que no le parece adecuado que ahora engorde la crítica y hable de un «negocio» en todo este procedimiento.
Con respecto a los temas que están sobre la mesa mientras el trabajo, dice Ramón, se queda en la ejecución de esa sentencia, está el contrato del Transporte Urbano de Ponferrada, TUP, que el concejal de área aseguró que se retrasaría dos meses con el fin de acogerse a la nueva normativa de desindexación. Ramón asegura que será más el tiempo que lleve y eso seguirá manteniendo el servicio prorrogado de forma irregular. Tampoco se dan pasos para sacar adelante el Reglamento de Organización ni los presupuestos «dicen que las negociaciones van bien, pero no con nuestro partido», apuntaba, al tiempo que la concejala de Hacienda, Amparo Vidal, reconocía que el diálogo estaba siendo «intenso» y que pronto se podría pasar a la aprobación del documento. Lamenta que tampoco las conclusiones de la Comisión sobre el Mundial de Ciclismo se hayan llevado a pleno, pese a que hubo una convocatoria para trasladar el cese del edil de Urbanismo, Tulio García «y que debió salir a 900 euros el minuto», reprocha. Ni la limpieza de la ciudad ni la situación del Camino de Santiago en Fuentesnuevas mejoran, dice.
El PSOE critica las irregularidades en las contrataciones municipales
Por su parte, Olegario Ramón considera que lo que está encendiendo las alarmas en la gestión municipal de Ponferrada está en la manera de gestionar las contrataciones, algo que ya había denunciado Ponferrada en Común.
Critica el socialista la utilización de los contratos menores, aquellos que no llegan a los 50.000 euros para obras que, en ocasiones, podrían estar «troceándose» para entrar en esta calificación. Asegura que se recogen cinco obras en pasos de cebra que podrían ser testimonio de esa sospecha de romper una obra en varias con el fin de que no superen el motante económico.
Apunta Ramón que «se abusa» de esta fórmula que ha amparado obras por valor de 881.000 euros. También se utiliza el procedimiento negociado con publicidad demasiado asiduamente «y no debe ser la fórmula habitual para adjudicar contratos», dice. Hasta 716.000 euros se han concedido con este procedimiento, apunta. En cuanto a la contratación de personal interino, Ramón también considera que se están cometiendo irregularidades notables «en algunos casos no ha habido ni examen», dice. Apunta que una plaza de ordenanza ha ido a parar a «una persona que integraba una lista en un ayuntamiento cercano de un partido político con responsabilidad en este». Incluso, a las pruebas para ese puesto se presentó «una familiar directa de una exconcejala» que obtuvo la mejor puntuación en el primer examen y, sorprendentemente, ahora que esa exedil va a volver a formar parte del equipo de gobierno, por la dimisión del concejal de Urbanismo, «no se ha presentado al segundo examen», dice.