La plantilla de FCC urge una solución para poder negociar su convenio

 Los trabajadores de FCC del servicio de recogida de basuras y jardines de Ponferrada piden al Ayuntamiento una solución urgente al problema del contrato municipal en el sentido en el que el caso afecta negativamente a la plantilla.

Una resolución del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de León, emitida la pasada semana obligaba al Ayuntamiento a proceder a la anulación de la adjudicación del servicio a la empresa FCC en un plazo no superior a 20 días y licitar de nuevo esta prestación. Una ejecución forzosa con estos 20 días de plazo después de que el Ayuntamiento de Ponferrada no haya actuado en el plazo de ejecución voluntaria tras la emisión de la sentencia el pasado mes de octubre.

En el ámbito de la plantilla según apunta el responsable del comité de empresa, Marco Antonio Varela «esto afecta porque se están dilatando mucho los tiempo para negociar el nuevo convenio. Estamos con el convenio prorrogado desde enero de 2016 y podemos estar en esta situación durante un plazo máximo de dos años, hasta finales de 2017. Vemos que van pasando los meses y mientras el servicio no tenga una situación estable no vamos a poder negociar con la empresa que sea, nuestro convenio, con lo cual al final de año pasaríamos automáticamente al convenio provincial y eso supondría perder nuevamente derechos».

Varela recuerda que el acuerdo al que habían llegado el Ayuntamiento, la empresa y la plantilla en abril del año pasado para poner fin a la huelga de basuras convocada a causa del anuncio de la empresa de despedir a 16 trabajadores. «Nunca llegó a firmarse ni a ejecutarse. El Ayuntamiento había anunciado que pondría asumiría el coste de varios trabajadores próximo a la prejubilación». No se ejecutó este acuerdo porque mientras se redactaba o se perfilaba, dos meses más tarde, en julio de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la adjudicación del contrato de basuras a FCC obligando al Ayuntamiento a licitar de nuevo el servicio.
La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, calificaba entonces el hecho de «catástrofe jurídica», si bien en Consistorio no ha actuado en estos seis meses y ha agotado los plazos hasta que el juzgado ha reclamado la ejecución forzosa. Ahora está en marcha el proceso para ver en qué términos se constituye la nueva mesa de contratación para adjudicar de nuevo el servicio.

Los trabajadores, al margen de cumplir sus tareas, quieren garantizar sus condiciones de futuro negociando un convenio, «pero hay que saber con quien tenemos que negociar, FCC en estas situación no negocia y nosotros no vamos a permitir que nuestros derechos se vean de nuevo recortados».