La plantilla del campus de Ponferrada urge una solución ante el silencio de la ULE y el choque político

A más de 24 horas de la liquidación del consorcio para la gestión de las instalaciones deportivas del campus universitario de Ponferrada con fecha de 30 de junio, la Universidad de León (ULE) no aclara si mañana abrirá los campos de fútbol de Santa Marta ni las piscinas climatizadas y el Ayuntamiento mantiene las «buenas intenciones» pero sigue sin despejar las dudas sobre el futuro de estos espacios.

«Todo lo que sabemos es a través de la prensa, ni la Universidad ni el Ayuntamiento nos han comunicado si el 1 de julio tenemos que ocupar nuestro puesto de trabajo», explica Óscar López, responsable de los Servicios Deportivos de Clece, empresa concesionaria del contrato. Según indica, la intención de la plantilla es acudir a trabajar mañana miércoles ya que los trabajadores aún no han recibido la carta de despido.

López asegura que la única notificación que se les ha hecho llegar es la de la liquidación del consorcio firmada por el ex presidente de este organismo y antiguo concejal de Deportes, Sergio Gallardo. «Estamos hartos y cansados de estar pendientes de que por un lado se diga que esto se va a arreglar y por el otro que no tiene solución», apostilla en relación a las últimas declaraciones del actual edil del área, Roberto Mendo, en las que defendió la posibilidad de que finalmente la ULE no eche este miércoles el candado a las instalaciones.

De esta manera, el portavoz de los trabajadores urge una solución inmediataporque, como declara, «ya hemos tenido bastante paciencia estos meses». Por el momento y a la espera de que a lo largo del día de hoy se muevan los últimos muebles, los empleados del servicio prevén iniciar de nuevo las protestas este miércoles o bien en el entorno de las piscinas o frente al Consistorio si se llegase a producir el cierre.

Pese a que se han apurado al límite los plazos, la Universidad de León, propietaria de estos espacios, continúa sin dar una respuesta definitiva. De hecho, este periódico se puso ayer en contacto con el Rectorado en León que eludió hacer declaraciones y despejar las dudas. Por parte del Ayuntamiento se demanda a los actuales miembros del consorcio que suspendan todas las actuaciones hasta que se proceda a los nombramientos de los nuevos representantes en el Pleno de organización municipal previsto para esta misma semana, mientras que el presidente del consorcio recuerda que el acuerdo de disolución se ratificó en el Pleno y en el Consejo General de Gobierno de la Universidad de León el pasado 28 de abril y que ahora ya no hay vuelta atrás.

Así, Gallardo asegura que la liquidación del consorcio es «de facto» desde su aprobación y que la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a mediados de junio supone el inicio de las funciones de la junta liquidadora. «No hay consorcio, ya está resuelta la liquidación», alega el ex concejal, quien asegura que «se ha respetado el funcionamiento lógico y normal al que nos obliga la ley».

Lo hace en respuesta a las acusaciones del edil de Deportes, Roberto Mendo, sobre las presuntas irregularidades en el proceso de liquidación del consorcio y en las que apuntó que para pasar de la fase de liquidación a la de extinción deben cumplirse unos pasos intermedios como es la aprobación y publicación de las cuentas; algo que, dijo, «no se ha hecho».

Sin embargo, en relación a las cuentas, Gallardo dice que «obviamente no se pueden presentar unas cuentas que todavía no están cerradas porque la fecha de cierre es el día 30 que es el plazo que tiene la empresa para poder facturar». Así, insiste en que «no podemos tomar otra decisión porque hay unos presupuestos aprobados y no podemos seguir prorrogando su funcionalidad». «El día 30 es el último en que la empresa presta servicio al consorcio. El consorcio está en liquidación y la empresa tiene que cumplir con sus obligaciones», afirma al pedir un «acuerdo» entre Universidad y Ayuntamiento para dar una solución «rápida» a los usuarios.

Igualmente, Gallardo se defiende y dice que es «total y absolutamente falso» que se hayan producido irregularidades en la convocatoria y que se celebró la reunión de urgencia con el acuerdo de las partes. Según opina, la nueva corporación optará por el mismo convenio llevado a Pleno por el bipartito y que fue bloqueado antes de las elecciones con el voto en contra de los concejales del PP y el PSOE. «La pena es que esto se haya usado como un arma arrojadiza para las elecciones y ahora explote y afecte a los usuarios de las instalaciones cuando no debería haber sido así», lamenta Gallardo.