Según la secretaria comarcal y provincial de Servicios de CCOO, Isabel Céspedes, el Ayuntamiento ha justificado ese paso en permitir optar a la licitación de este servicio a empresas pequeñas, pero considera que va en detrimento de los trabajadores "porque los segrega", cuando todos están ahora trabajando juntos en el mismo servicio que acoge ambas vertientes, la limpieza viaria y la recogida.
Por eso rechazan esos dos lotes también porque después de reunirse con el concejal de Área, Pedro Fernández y con la parte técnica "nos hablan de que el presupuesto está efectuado en base al convenio provincial de limpieza y recogida de residuos", cuando "no pueden sacar un documento de ese tipo cuando hay un convenio de empresa". Aunque concluyó en 2015 y en 2017 llegó la sentencia judicial por la que el contrato se vino abajo.
Pero en 2016 se habían activado las negociaciones de convenio que no pudieron continuar y en 2017 un pleno acordó que el convenio quedaba sin efectividad pero no perdía su ultraactividad hasta que se produjera una nueva adjudicación del contrato que se produce ahora.
"Tememos que cuando salga publicado el pliego, a parte de dividir los dos servicios, va a traer problemas con la plantilla". Les obligaría a volver a negociar un convenio "con las dificultades que tendría al hacerlo con la segregación de servicios" y el perjuicio "tanto económico como de derechos laborales que tiene adquirida la plantilla".
CCOO pide al Ayuntamiento que "de marcha atrás" en la licitación de los servicios por separado, pero teme que mantenga sus condiciones "y conllevará problemas en la empresas y con los trabajadores". Solicitan que recuperen el pliego "con todas las condiciones de derechos pertinentes".
El comité de empresa ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento para después hacer una asamblea con los trabajadores "y si no rectifica, se valorarán acciones, sin descartar nada", incluso la huelga.
"Nos serviría que saliera el contrato en un solo lote" y que el pliego de condiciones "salga valorado con el precio del convenio de empresa que tienen los trabajadores, no pasar al provincial, porque el coste se ha basado en él", mantiene Céspedes como hoja de ruta que presentarán al Ayuntamiento.
Problemas con jardinería
"Vamos a acabar en los juzgados en jardinería", adelantó Céspedes. La delegada apuntó que, este servicio , que el 7 de julio ya se realizará con una plantilla municipal, tenía un convenio estatal y, tras la decisión de llevar adelante la municipalización, no contemplaron la situación de cada empleado. Dentro de las categoría, hay algunos que están equiparados en salario con lo que recibían de ese convenio pero otros ahora "están percibiendo más salario que percibirán en el Ayuntamiento". Hay que hacerles un complemento personal para equiparar sus salarios, explica Céspedes "pero se lo quieren poner en un complemento compensable y absorbible", por lo que asegura que perderán poder adquisitivo al no estar sujetos a la aplicación del incremento salarial anual que se aplicará en el Ayuntamiento.
Es una batalla abierta, asume Céspedes, que afecta en concreto a los trabajadores que tenían la calificación de "jardineros-oficiales", que son unos 7 en toda la plantilla.
Una ciudad sucia
Con respecto al servicio de recogida de basuras y limpieza viaria en la actualidad, Céspedes reconoce que "la empresa está muy limitada" para llevar adelante el servicio que quedó sin contrato tras la sentencia judicial de 2017 y la situación es la de una ciudad sucia que denuncia hasta el propio equipo de Gobierno. Pero, considera que el Ayuntamiento "tiene una deuda con estos trabajadores" que han esperado a que resolviera la situación años, sufriendo "una carencia de medios y de mecanización tercermundista", apunta. Una situación que espera que concluya con los nuevos contratos puente, pero formulados con las demandas de la parte social.
Los pliegos de condiciones para la licitación de los contratos de los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras, se sacaron en dos lotes y por un período de tres años, prorrogable uno más por un importe de más de 27 millones de euros.
No hay pérdida de derechos, dice Ramón
El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón desveló que este viernes tendrán una reunión con el comité de empresa para dar las explicaciones y escucharles.
Ramón defiende por adelantado que son “razones legales y de conveniencia” las que están detrás de la decisión de partir en dos lotes la contratación, pero dejó claro que“los trabajadores conservan y consolidan todos los derechos que tienen”.
Las concesionarias de los lotes “tienen la obligación de respetar desde el primero al último sus derechos”, dijo. Con esa seguridad pide “un margen” para diseñar un buen sistema para prestar el servicio “partiendo de la premisa de que no se pierden derechos”.