La denuncia había sido puesta por una de las licitantes en su momento, hace dos años, la empresa Urbaser, al considerar que los pliegos de condiciones para acceder al servicio contenían errores que hicieron que el contrato de 20 años y una inversión de 130 millones quedara en manos de Fomento Construcciones y Contratas, FCC, firma que en la actualidad está desarrollando el servicio, aunque el contrato ha sido anulado.
Mendo espera que el proceso no se dilate hasta fin de año y asegura que el Consistorio hará lo posible para evitarloLas dificultades para cumplir con el dictamen judicial del TSJ hicieron que el Consistorio solicitara el incidente de ejecución de la sentencia y la respuesta parece seguir siendo confusa para el equipo de gobierno, ya que ha procedido a dejar en manos de los asesores jurídicos la posibilidad de recurrir. Reconoce el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo que esa puerta abierta en estudio estiraría los tiempos de resolución, algo que mantendría a los trabajadores a la espera de que su situación laboral se aclare. Mendo dice que no pasará de la próxima semana para llegar a una decisión «no se puede esperar más», dice «las vías se están agotando ya».
Reconoce el concejal, por otra parte, que los trabajadores «están enterados de todo», tras las reuniones que mantiene con ellos, pero con la paciencia al límite, puesto que la empresa no ha cumplido con la recuperación de derechos que solicitaban y que se aprobó en pleno «solo han cumplido con lo que los trabajadores ganaron por sentencia judicial», reprocha Mendo, en referencia al pago de las horas extraordinarias.
Los trabajadores habían tenido que recurrir a una huelga indefinida cuando la empresa amenazó con ejecutar despidos, una convocatoria que levantó al llegarse a un acuerdo que aún esperan a que se cumpla con la recuperación de cinco días de vacaciones que habían perdido en los últimos años, el derecho reconocido a su antigüedad, que también perdieron y la subida de salarios de un 1%, tras su congelación durante cuatro años.
La pérdida de derechos en los últimos cinco años para los empleados ha sido una constante que tensó la cuerda hasta llegar a la huelga en el mes de abril pasado.Mendo lamenta que FCC no esté cumpliendo con esas peticiones que fueron aprobadas en pleno «y les insistimos que lo hagan para darles seguridad a los trabajadores», que esperan que el proceso no se dilate hasta diciembre, cuando, al no contar con un nuevo convenio, pasarían directamente al provincial. Mendo asegura que, desde el Consistorio se luchará para que no sea así pero apunta que «son los trabajadores de la empresa, no nuestros» y asegura que la firma tiene criterios «diferentes» a nivel económico para ejecutar las mejoras de los que maneja el Consistorio. Sí reconoce que «habrá que llegar a un punto de encuentro, pero eso no se hace de hoy para mañana. Los tiempos en la administración son largos», advierte.
La técnica de alargar
Desde el PSOE su portavoz, Olegario Ramón, que hoy llevará a pleno una pregunta sobre los movimientos del equipo de gobierno en este particular, considera que se está usando una técnica «que es habitual en el equipo de gobierno» y que consiste en dilatar los procesos «porque no tienen claro qué hacer». Presume, desde el PSOE que existen presiones empresariales por detrás de este tema y pide que «se piense en los intereses de los vecinos antes que en los de las grandes empresas». El PSOE propone rescatar el servicio para presionar a la empresa a cumplir lo pactado con los trabajadoresRamón augura que la decisión del Consistorio será la de recurrir y apunta que no puede pasar mucho más tiempo para hacerlo «porque tenían 15 días y si no, no podrían hacerlo», un plazo que está cerca de cumplirse. «Lo mejor es ejecutar la sentencia de una vez» advierte y la salida del socialista es clara: pasar a la gestión directa.Considera Ramón que el mayor daño que se hizo a la ciudad partió del contrato realizado a 20 años «pero eso es irreversible» por lo que considera que la salida mejor sería renunciar al contrato, aprovechando su anulación y «pasar a la gestión directa por interés público».
Otra opción sería poner sobre la mesa los incumplimientos de las normativas básicas, desistir en el procedimiento y acabar, de nuevo, con esa gestión «de la que somos partidarios».
Ramón asegura que, con respecto a la aprobación plenaria de la recuperación de derechos de los trabajadores, aunque sea la empresa la que tiene que ejecutarlos «se le puede presionar». La manera de hacerlo sería «rescatar ya el servicio», propone «porque no hay contrato», ya que está anulado y porque «hay multitud de expedientes sobre incumplimientos de la prestación del servicio», alega.