Lamenta Ramón la política de «incumplir sentencias», solicitando incidentes de ejecución por parte del equipo de gobierno, como ha sido el caso, cuando incluso, en su resolución, el Tribunal Superior de Justicia da un tirón de orejas a ese «uso abusivo de los incidentes de ejecución para la toma de decisiones».
Ramón asegura que se ha ido dilatando la ejecución de la sentencia firme, que obligaba a la anulación del contrato que fue adjudicado a FCC por 130 millones de euros y 20 años mientras la limpieza de la ciudad se resiente. Han sido 18 meses de tiempo perdido, dice, en los que Ramón asegura que se ha idoenquistando la carencia de limpieza « y tenemos una ciudad patas arriba».
Mientras, el equipo de gobierno no ha puesto soluciones para resolver el problema, tan solo algunos expedientes que no desembocaron en sanción en ningún caso, por lo que considera que solo se quisieron acallar las voces que se quejaban de la situación. En este tiempo solo ha ganado, dice, la empresa que sigue llevando el servicio pese a la anulación.
Ahora pide que la ejecución se lleve a pleno cuanto antes para optar a una de las posibilidades y asegura que sería posible llevarlo al pleno ordinario de este mes, sin esperar al que viene, como ha dejado caer el equipo de gobierno. La responsabilidad de cumplir sentencia, de todos modos, le corresponde al equipo de gobierno que «enreda y dilata la toma de decisiones». «Es una decisión personalísima de la alcaldesa» que augura que se escude en criterios técnicos, aunque ya se adelanta a aclarar que no es así «puede ser por miedo o por presiones, pero cualquiera de las dos cosas la invalidan como alcaldesa», dice.
Las posibilidades pasan por retrotraer la adjudicación al inicio y dejar a la empresa adjudicataria con una valoración de cero, o dejarla fuera o incluso dejarlo desierto. Ese paso haría que el PSOE volviera a recordar su opción de municipalizar el servicio.
En todo caso, no permitirá que el servicio acoja las tres vertientes que recogió este, con el servicio de limpieza viaria, de recogida y de jardines, ni por veinte años «no podemos hipotecar a futuras corporaciones», pide, solicitando que, de haber nuevos contratos, sean de siete años como máximo.