En ese sentido, la jueza decana explicó que los asuntos atendidos en el orden civil a lo largo de 2019 registraron un “incremento general” debido al “ingente número” de procesos monitorios, relacionados con reclamaciones de deuda y controles de cláusulas abusivas. En total, los ocho juzgados atendieron más de 6.000 casos de este tipo, de los que una tercera parte correspondieron a procesos monitorios.
90 órdenes de protección ante violencia machista
En cuanto al orden penal, la tendencia se mantiene estable, con un ligero incremento debido al aumento de peticiones de órdenes de protección a favor de víctimas de violencia machista, que pasaron de 87 a 90. Según Lourido, estas cifras, que sólo hacen relación a los asuntos atendidos en el juzgado número 5, el especializado en la materia, y dejan fuera las tramitadas por los juzgados de guardia, se deben a las instrucciones dadas por la Fiscalía General del Estado para proteger a las víctimas.
En ese sentido, la jueza decana lamentó los “medios técnicos escasos” de que disponen los juzgados ponferradinos para colocar este tipo de pulseras y reclamó la contratación de más personal para evitar que los problemas de desplazamiento de los técnicos de la Fundación Cometa, encargados de instalar estos dispositivos, ocasionen retrasos en los procedimientos. A 31 de diciembre del año pasado, nueve personas del partido judicial tenían activa su pulsera.
Un nuevo juez de refuerzo
Por otro lado, Lourido hizo mención especial a la situación de retraso a la hora de atender sus causas que sufre el juzgado número 3, que también se encarga del Registro Civil. Precisamente por este motivo, este juzgado está exento de asumir la misma carga de trabajo que el resto, aunque un problema informático ocasionó que desde 2014 no se respetase esa exención. Por ello, este juzgado asumió en ese periodo 238 asuntos más de los que le correspondían, un exceso que se compensará con la llegada de un nuevo juez en comisión de servicio, que reforzará durante al menos seis meses este juzgado.
La misma situación afecta tangencialmente al juzgado número 5, el que atiende los casos de violencia de género, que asumió 23 casos más de los que le tocaban. Además de las medidas de refuerzo pendientes sólo de la aprobación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Lourido reclamó que se amplíen las jornadas laborales de un letrado y de un funcionario de auxilio judicial para continuar rebajando la disfunción.
Las mejoras en el edificio
En lo que respecta a las mejoras llevadas a cabo en el Palacio de Justicia de Ponferrada a lo largo del año pasado, la jueza decana valoró la puesta en marcha de ese juzgado especializado en violencia de género como el mayor hito, acompañado por la creación de dos nuevas salas de vistas cuya dotación de medios técnicos aún está pendiente de completarse.
También se creó una sala de lactancia en la planta baja y se ha instalado un botiquín por cada 40 personas. La responsable de los juzgados explicó que se ha solicitado una silla de ruedas para ayudar a la movilidad de las personas que tengan que desplazarse por el interior de las instalaciones.
Por último, Lourido también quiso remarcar la conveniencia de disponer en Ponferrada de una oficina de peritaciones que solucione los problemas causados por la renuncia de estos profesionales a participar en los procesos y los consecuentes retrasos ocasionados. De la misma manera, la jueza decana valoró la necesidad de contar con un coordinador parental que ejerza de mediador en los casos conflictivos de familias separadas con menores. Según Lourido, “Ponferrada sería un lugar idóneo para introducir esta figura como proyecto piloto”.