Los mineros piden que se retome el decreto de consumos, por el que las eléctricas debían dar entrada a un cupo de carbón nacional. De todos modos, Díez tiene la esperanza de que la situación cambie, y los mineros seguirán recordándoselo para que sea así cada jueves y viernes, manifestándose en Compostilla, mientras la situación siga siendo de incertidumbre para los 160 empleados que aún siguen en activo en Uminsa y los de Hijos de Baldomero García, que ya han pasado a la extinción, aunque la patronal se ha comprometido a reincorporarlos en la medida en la que Compostilla compre su carbón.
Al tiempo, mantendrán contactos con partidos políticos. El primero anuncian que será el PSOE.
El PSOE anuncia una «ofensiva» para mantener la minería con mociones
El PSOE de León iniciará una «ofensiva en todas las instituciones» para evitar el fin de la minería del carbón en la provincia en forma de mociones. Así se ha comprometido el secretario general de los socialistas leoneses, Tino Rodríguez, durante la reunión que este jueves ha mantenido, junto al responsable del PSOE de Laciana, Miguel Maestro, con los representantes mineros del sindicato UGT-FICA en Castilla y León, El Bierzo y Laciana.
La Diputación de León, que celebrará su habitual pleno mensual el próximo miércoles, será la primera institución que recibirá la moción de apoyo a un sector «en situación de agonía» y cuyo texto, para el que se espera el consenso de todos los grupos políticos, será idéntico al que posteriormente se lleve a las Cortes de Castilla y León en forma de proposición no de ley.
En ambas iniciativas se exigirá que el Gobierno de la nación saque de manera urgente el decreto que permita el mantenimiento de las centrales térmicas de la provincia y de la comunidad y, en segundo lugar, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy habilite el marco legal necesario para garantizar la entrada de carbón autóctono a esas instalaciones y que el Plan del Carbón en vigor se fija en el 7,5% del mix energético nacional.
A este respeto, los responsables de UGT-FICA advirtieron de la posibilidad de poner en marcha el denominado «despacho preferente» que blinda el uso de combustibles fósiles autóctonos bajo la consideración de servicio público. Este mecanismo se contempla en la Directiva Europea de Mercado Interior de la Electricidad.