Permitieron entonces que se congelara su antigüedad y su sueldo y, cinco años después, no han podido conseguir que esas medidas se desactivaran. Ni siquiera ha sido válido el compromiso que la empresa adquirió y también el Ayuntamiento, que incluso se aprobó en sesión plenaria hace cuatro meses, por el que el propio Consistorio abonaría el incremento de las nóminas hasta los 300.000 euros, una cantidad que el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo consideraba suficiente como para que no supusiera nada para la empresa, cuyas cuentas no salen y pide 800.000. Pero la concesionaria del servicio, Fomento Construcciones y Contratas que, tras una sentencia que ha obligado a retrotraer el proceso de licitación y que aún no se ha cumplido, cubre el servicio por medio de una orden municipal, no ha respondido a ese pacto. Por él los trabajadores esperaban recuperar sus derechos y conseguir tener un convenio específico aprobado antes del mes de diciembre, cuando temen el paso al provincial, con peores condiciones.
Los trabajadores están apostados a las puertas de FCC mientras los ciudadanos ven los contenedores cada vez más llenos. En huelga piden a los partidos políticos de la oposición que muevan ficha y empujen al equipo de Gobierno a que acabe con la situación.
«Ni un paso atrás» rezan sus pancartas mientras que, desde el Consistorio se ha enviado una carta a los ciudadanos para que la situación no desemboque en una ciudad caótica a nivel de limpieza. En la misiva piden que «se extreme la segregación de los residuos, plieguen sus envases lo máximo posible para disminuir el volumen de la bolsa y mantenga en su domicilio todo lo que no suponga ninguna molestia». Solicitan también que se usen las papeleras y se respeten los horarios para depositar los residuos «para reducir el tiempo que pasan en la vía pública».