La asamblea de la comunidad de regantes del Canal Bajo del Bierzo decidió este domingo, por mayoría, respaldar la firma del convenio con las administraciones para iniciar la modernización del regadío, una obra que llevaban años demandando y que, en cifras, supone ahora un presupuesto superior a los 40 millones de euros que costearán al 30%, de la mano de la Junta de Castilla y León y de la sociedad pública estatal SEIASA, con la que se reunirán el 14 de febrero para ratificar esta decisión. Con 373 votos a favor y 57 en contra, los regantes aceptaron dar el paso que consideran que es “el último tren” para sumarse a un progreso que necesitan y que les liberará de problemas de pérdida de agua y permitirá racionalizar el consumo.
El secretario de la comunidad de regantes, Humberto Merayo, asegura que asumen el pago de 21 millones a razón de unas cuotas que, calcula que rondarían los 350 euros por hectárea y año. En la actualidad, los regantes asumen pagos anuales de 200 euros, pero, a ello suman gastos energéticos a mayores para paliar las deficiencias del riego que alcanzan los 400 euros, por lo que, en la balanza, la cuota no parece un pago descabellado, exponía Merayo.
"Muchos (sobre un 70%) están pagando el riego sin tenerlo, porque necesitan un pozo para ello. Y se gastan unos 600 euros", en total, por lo que pagar 350 euros a 25 años, pensando también en que, de 2026 a 2050 los abonos no suman intereses ni actualizaciones, hace que las cuotas se queden en 100 euros. Para una hectárea que son 25 cuartales hace que cada cuartal pague unos 14 euros por regar todo el año "es lo que te cuesta un café", dice haciendo cuentas. Además apunta que la infraestructura actual no se sostiene, puesto que data de 1949, "desde esa fecha estamos pagando las obras del canal y del pantano", dice.
“Es una obra que se tiene que hacer”, dejó claro el representante de los comuneros, que defiende, al igual que la Asociación Berciana de Agricultores, que la situación de riego necesita ser competitiva, tras cuatro décadas sin haber tenido obras de calado.
El director del Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y León (ITACYL), Rafael Sáez, que estuvo en la asamblea para explicar el convenio considera que es el último tren a coger y el único que puede ofrecer las condiciones actuales para asumirlo, con Fondos de Recuperación. Y es que la obra supone un coste de 40 millones, en la actualidad, asumibles, con la implicación de las administraciones. Considera que la obra es necesaria, ya que, el riego a manta actual “será imposible”, augura, en un futuro inmediato “por las exigencias europeas”.
A la tercera va la vencida
Es una obra de calado, por lo que no ha sido fácil trasladarla así a los comuneros, que veían imposible asumir las cuantías necesarias para la misma. De hecho, hace más de una década se planteó desde la Junta realizar este proyecto, en ese momento con Fondos Feder, pero no pasó este trámite de aceptación por parte de los regantes. Un segundo intento, hace seis años, tampoco consiguió que todas las administraciones se dieran la mano y empujaran el proyecto.
Las obras tienen que estar concluidas en 2026, por eso se estaba instando al Gobierno a acelerar todo el proceso que ahora se activará y que afecta a más de 3.600 hectáreas en manos de 6.800 regantes, aunque menos de 300 son agricultores profesionales.
Una parte de los regantes, desconfiados
Aunque la asamblea se alió para sacar adelante el proyecto, la parte que no lo hizo podría pedir que se impugnara la votación. Los regantes de la zona de Fuentesnuevas consideran que la zona que llega a Columbrianos, según el proyecto, no tendrán las mismas intervenciones. Pero sobre todo, los regantes de esa zona dudan de que todos los votos fueran regulares. Desconfían de que se hubiera producido la delegación de votos de comuneros fallecidos, algo que echaría por tierra la votación, de corroborarse la sospecha.
Merayo asegura que los votos se pueden delegar y que en ocasiones hay herederos de propietarios, algo que asegura que ya se ha aclarado en anteriores ocasiones, por lo que considera que esta no será una piedra en el camino. Apunta que, esta vez "no hay marcha atrás" porque, en anteriores ocasiones fueron los no profesionales los que arrastraron la decisión "y ahora hemos sido los agricultores profesionales los que hemos cogido el toro por los cuernos para hacerlo".
Los pasos ahora serán que la decisión llegue, el día 28, al consejo de ministros para su aprobación y, el 14 de febrero, firmar el convenio con el SEIASA y la Junta. A partir de ese momento, las obras se echarían a andar en agosto de este año para concluirlas en 2026, dice Merayo.