Nuevo problema para LM, la CGT denuncia el despido colectivo

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tendrá que dirimir la impugnación del despido colectivo, acordado entre la fábrica de palas eólicas del Bierzo, LM con los representantes de los trabajadores, presentada porla Confederación General del Trabajo, CGT contra el resto de miembros del comité de empresa y la dirección por haber acordado ese acuerdo que considera no ajustado a derecho.

La CGT ha decidido dirigirse a los tribunales para echar por tierra el acuerdo de los despidos y que se declare nulo y expone que se realizó inflando premeditadamente el número de afectados, entre otras cosas.

En su denuncia, la CGT considera que LM “escondió fraudulentamente su auténtica dimensión empresarial”, ya que pertenece a otra empresa, General Electric, “lo que vicia el procedimiento de despido colectivo” desde el inicio, argumenta en su demanda. Pero, apunta que aún no dándose ese supuesto, la empresa justificó el despido en motivos “que afectan al grupo”, pese a que la medida laboral solo se ejecutó en Ponferrada y no en otras plantas.

Considera CGT que no ha habido una verdadera negociación sobre las medidas de reestructuración laboral que acompañan al proceso de despido, en concreto, en lo referente a la movilidad geográfica. Es más, apunta que se sobredimensionaron las medidas a posta, con el fin de poder aplicar esa movilidad que finalmente se aceptó, con los traslados de empleados a Castellón y Francia. Asegura que el capítulo de la movilidad debió ser tratado específicamente en la negociación.

El sindicato considera que se trata de un “fraude” que implica infracciones de los deberes de información y documentación y vulnera el derecho a la negociación colectiva y libertad sindical. Por eso pide al tribunal que declare nulo el acuerdo o subsidiariamente no ajustado a derecho, lo que podría obligar a la empresa a recuperar a los trabajadores recolocados y despedidos.

Recuerda la CGT que, en principio, la primera información sobre los despidos que ofreció la empresa, de manera unilateral, era proceder al ERE para 393 empleados. Después rebajo esa cifra a 351, pero al tiempo ofrecía a esos trabajadores de salida 265 recolocaciones, lo que considera el sindicato que da cuenta de la sobredimensión que denuncian.

El acuerdo, que fue respaldado por 720 trabajadores de los 852 que votaron, de un total de 1.063 empleados, recogía el ERE para 351 trabajadores, lo que suponía 42 menos que la cifra inicial y con indemnizaciones de 33 días por año trabajado. Para las personas contratadas entre 2018 y 2021, se aprobaron compensaciones que iban desde los 900 a los 2.000 euros.

La selección de despedidos se acordó hacerla por antigüedad y promover los traslados a Francia y a Castellón, estos una veintena, que se iban con contrato indefinido, dos días de vacaciones a mayores y el alquiler de un mes pagado además de dietas hasta 1.200 euros.

Cuando se alcanzó el acuerdo, la CGT no quiso firmarlo al considerar que no existía ninguna garantía de que la planta tuviera continuidad en Ponferrada, como sí consideraba el delegado de USO, Gabriel Garnelo. Es más consideraba que se estaban “repitiendo los pasos casi calcados a los de la crisis de 2011 y generando una ruta igual que la que llevó al cierre de la minería”.

CGT aseguraba que el acuerdo solo marcaba el compromiso de las administraciones con la planta “a aportar todos los recursos que la empresa necesite y cuando los necesite, pero no obliga a la empresa a nada”, reprochaba. Y lamentaba el sindicato que el acuerdo no fuera más que “un negocio redondo”, para LM, cumpliendo con su fin de despidos y consiguiendo ayudas de las administraciones al tiempo.

“Es bochornosa la actitud de las administraciones que dan un cheque en blanco a la empresa sin exigirle una mínima garantía de futuro para la planta de Ponferrada”, recriminaba.