Pese a que el asunto está judicializado y el Tribunal Superior de Justicia, tras la denuncia formulada por una de las licitantes del servicio, Urbaser, dictó sentencia a favor de esa mercantil y se tuvo que proceder a la revocación del contrato a FCC, ese paso tampoco fue validado en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, Tarcyl, tras la denuncia presentada por el portavoz del Partido Regionalista del Bierzo, Tarsicio Carballo, que aportó una “irregularidad” a mayores, que en el proceso de licitación se incluyera en el sobre 2 la información que debía estar en el siguiente sobre por parte de la que debía pasar a ser la concesionaria. El Tarcyl recogió esa realidad y dejó en suspenso la tramitación para que la gestión pasara a Urbaser, que ha anunciado la petición de medidas cautelares mientras no se llegue a un dictamen definitivo.
Con este escenario de fondo, la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo trasladó al pleno los pasos a seguir “dentro de la legalidad”. Lo primero será solicitar informes técnicos sobre la posible gestión “y se traerá a pleno”, dijo.
Adelanta Merayo que su propuesta es que “es más adecuado separar los servicios como siempre lo estuvieron, menos con este último contrato (parques y jardines por un lado y recogida y limpieza viaria por otro). No es operativo juntar los dos servicios”. Su idea es que el servicio de mantenimiento de jardines pueda realizarse por personal municipal, en base a planes de empleo como los del Ecyl, y el otro servicio, de limpieza viaria y recogida de residuos“no lo tenemos tan claro”. Pero asegura que este es el primero de los pasos “sin esto no podemos dar los siguientes”.
Desde el Partido Regionalista del Bierzo, PRB se afeó que no se conversara con la oposición sobre esas posibilidades antes de iniciar el expediente y pidió una reunión de toda la corporación para examinar el tipo de gestión a adoptar, mientras sigue adelante el proceso judicial.
Ponferrada en Común quiso aprovechar la apertura de ese expediente para volver a solicitar la municipalización de todo el servicio“nosotros es lo que hemos recomendado, por ahorro económico y mejora de prestación del servicio”, dijo su portavoz, Miguel Ángel Fernández, con la esperanza de que ahora ese proceso, que su grupo y el PSOE solicitaron para gestionar el Transporte Urbano de Ponferrada, TUP, sin conseguir el respaldo necesario, salga adelante como pide Merayo.
“Es el momento de agilizar este tema, porque me temo que no se va a solucionar en este mandato si no hay buena voluntad del equipo de gobierno”, aseguró Fernández.Desde Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz rechazó la comparativa “pretendían una cosa que era ilegal”, dijo en referencia al TUP “en este caso, está anulado el contrato y se puede iniciar el expediente”, apuntó. Pero desde la bancada de Ciudadanos, Ruth Santín criticó que se estuviera dando ya un paso más, cuando los técnicos no se han pronunciado sobre la solución técnica mejor para llevar el servicio y aseguró que ese será el dictamen que acepte su formación “votaremos a favor de lo que, según esos informes resulte más beneficioso para los ciudadanos”.
El portavoz del PSOE, Olegario Ramón recordó que la petición de medidas cautelares por parte de Urbaser “puede que haga prudente esperar a que se solicite” este expediente, para que no haya de nuevo frenos a la solución de la gestión del servicio.
El expediente se iniciadespués de que el pleno aprobara declarar desierto el contrato de gestión de los servicios públicos de limpieza, un paso que podría quedar en papel mojado según las decisiones judiciales que sigan adelante. “Es un asunto judicial y el plenario solo puede cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia”, recordó Muñoz.
“Sadam Husein podría haber hecho este contrato y nadie sabe cómo hemos podido llegar a esta situación y cómo podremos salir de ella”, dijo el portavoz de Coalición que criticó a la corporación por señalar al equipo de Gobierno como culpable de no llegar a una resolución “es de una cobardía sin límites”, dijo Muñoz.
Pero Ciudadanos recordó que, en base a que es un asunto judicial “nos tememos que tras el contencioso de Urbaser,la decisión final del pleno vaya a ser cambiada y sigamos manteniendo el problema”, augura. Para Ramón se trata de una situación “diabólica. Ahora hay un recurso de Urbaser en el que se solicitan medidas cautelares que supondría la suspensión del acuerdo que hemos adoptado”, apuntó.
Desde el equipo de Gobierno se volvió a mirar al contrato de 2014 como culpable de toda la situación “estamos en una rueda que es imposible salir”, dijo el portavoz popular, Ricardo Miranda.
Mientras no se consigue llegar a un acuerdo, los tiempos se dilatan y FCC, que sigue aportando el servicio, ha solicitado que se proceda a liquidar los efectuados desde 2016. En la contabilidad presentada por la empresa se suma una liquidación de 1.788.250, 46 euros, aunque el concejal de Medio Ambiente, aseguró que se mirará con lupa cada céntimo.
Ciudadanos pidió que se tuviera en cuenta los incumplimientos producidos por parte de la empresa en ese coste. El acuerdo de liquidación suma además una clausula, hacer liquidaciones parciales y no permitir el paso de ejercicio y que además los pagos sean un máximo del 80% de la cantidad reclamada. Pero, desde el PSOE, Ramón apuntó que el pago que se efectúa supera ese porcentaje. Aunque considera que es un parche, lamenta que estemos “en manos de las empresas concesionarias” que, en este caso, han puesto sobre la mesa la imposibilidad de pagar las nóminas de los trabajadores si no se le reporta esta liquidación.
Y para hacerla, en otro de los puntos se aprobó una modificación del presupuesto por transferencia entre distintas áreas de gestión por valor de720.000 euros detraídas del fondo de inversión.
De ellas 500.000 euros irían a FCC para abonar nóminas. Los grupos de la oposición pidieron más información sobre los 220.000 euros de gastos en otras partidas y animaron a sacar presupuestos antes de volver acoger el camino de las modificaciones de crédito. Y es que en el pleno se aprobó otra modificación, en este caso para pasar al abono de deuda 26.000 euros no gastados en el Instituto de Formación y Empleo.