Ponferrada agotará el diálogo con FCC para la continuidad del servicio de limpieza y basuras

Aunque el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, Roberto Mendo, abrió la puerta esta misma semana a la municipalización del servicio de limpieza y recogida de basuras de la capital berciana hasta la resolución del recurso presentado ante el Tribuna Superior de Justicia (TSJ) contra el auto que obligaba a anular la adjudicación a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) si no se llegaba a un acuerdo esta semana con la empresa, la prioridad del equipo de Gobierno pasa por llegar a un acuerdo para la continuidad del servicio en las condiciones que se aprobaron en el pleno del mes de febrero.

Así, Mendo avanza que volverá a haber una reunión la semana que viene con la adjudicataria para buscar un «acercamiento de posturas» y conseguir que se cumpla lo acordado en el pleno del mes de febrero. Las diferencias, según reitera el concejal de Medio Ambiente, son de «valoración económica». El Ayuntamiento, actual titular del servicio, concede 300.000 euros al año, mientras que la empresa pediría 800.000. «No es que se nieguen al cumpliento del acuerdo plenario, es que se hace una distinta valoración económica».

Mendo es optimista, y en los próximos encuentros espera que se produzca un «acercamiento definitivo». ¿El objetivo? Garantizar los derechos de los trabajadores, que temen llegar el 31 de diciembre, fecha en la que caduca la prórroga del convenio actual, sin la firma de un nuevo, por lo que pasarían a estar regidos por el provincial, que según los sindicatos «supone perder todavía más derechos».

El concejal reconoce que «el proceso va muy lento», pero asegura que «este mes o el que viene» se logrará una solución para los trabajadores «independientemente de lo que suceda con el contrato en el futuro».

Si finalmente no se llega a un acuerdo con la empresa, es entonces cuando el equipo de Gobierno llevaría a pleno una propuesta asumiendo la gestión directa del servicio hasta el pronunciamiento del TSJ, que según una estimación aproximada de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, podría alargarse. «Podrían ser 6 meses o un año», explica el concejal.