Ponferrada asume la sentencia para dotar a los grupos de la oposición de personal de confianza

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada procederá al "cumplimiento riguroso", en  los plazos establecidos, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León  (TSJ) que ratifica el derecho de los grupos municipales de la oposición a contar con personal de confianza. En ese sentido apuntan su "absoluto respeto" por la resolución del TSJ emitida este lunes, pese a no compartir su contenido.

A través de un comunicado de prensa, el equipo de gobierno explica, no obstante, que el auto del TSJ "no supone ningún tipo de condena para el alcalde", ya que se trata de un procedimiento contencioso administrativo que deriva en la anulación de un acuerdo del pleno y no de un pleito penal.

De hecho, recordaron que  propuesta del equipo de gobierno, en la que se aprobó la designación de personal de confianza para asistencia en la labor de los grupos políticos integrados en el gobierno, pero no para los de oposición,  cuenta con el aval de una sentencia inicial  favorable del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León y recoge las recomendaciones de la Dirección General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias, dicen.  Esta sentencia fue después enmendada por el TSJ, que ahora la confirma.

Y es que, los responsables municipales asumen que una  “interpretación errónea” por parte de los servicios jurídicos municipales sobre el cómputo de plazos debido a la situación del periodo de estado de alarma impidió presentarla en tiempo y forma para que el Tribunal Supremo entrase a valorar la procedencia del recurso que había preparado el equipo de gobierno. Unos plazos que, al no ser cumplidos, hacen que el TSJ de validez a la sentencia anterior fechada en julio de este año, confirmando el derecho de los grupos de la oposición a tener a su disposición personal de confianza, esto es, trabajadores que hacen funciones calificadas de confianza o asesoramiento, según las leyes de Función Pública.

Lo que el equipo de gobierno no ha aclarado por el momento es la forma en la que va a proceder a cumplir la decisión del TSJ.