El presidente del comité de empresa de la planta, Gabriel Garnelo, recordó a Ical que la empresa ha abierto dos procedimientos, uno de despido colectivo para 393 personas y otro por modificación sustancial de condiciones para el resto plantilla, que en estos momentos es de un total de 1.063 trabajadores, entre las que se encuentra una reducción salarial del 25 por ciento.Frente a ello y ante el “nulo cambio de posición” de la compañía en la mesa negociadora, el comité de empresa mantiene su postura inicial que pasa por “cero despidos”, a pesar de que “la compañía insiste en hacer una extinción de puestos de trabajo y recolocarlos en la planta de Francia”.Sin embargo, Garnelo puso de relieve que “está claramente demostrado” que la de Ponferrada es “la planta más rentable de la compañía” y recordó que a pesar de que la empresa “aluden a un tema de caída del mercado de manera puntual” esto no es cierto, por lo que en la última reunión que se mantuvo, presentaron varios informes contradictorios en los que se demuestra que no es así y lo que lleva a entender que “no concurren las causas que argumenta la empresa”.
Una empresa que el presidente del comité “espera que se abra” a negociar, ya que “sería devastador” para Ponferrada y la comarca de El Bierzo la pérdida de los puestos de trabajo, la tratarse de “una comarca clarinete demostrada y sistemáticamente machacada” en la que “ya se ha acabado con el sector minero y con las térmicas”.La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, se reunió ayer con representantes de la dirección de LM Windpower y del comité de empresa, y avanzó que la Junta está dispuesta a financiar las cuotas de la Seguridad Social de un hipotético Expediente de Regulación Temporal de Empleo si esa medida sirve para evitar los casi 400 despidos anunciados por la dirección de la planta ubicada en Ponferrada.
Gabriel Garnelo valoró positivamente “que haya una propuesta y un intento de mediación en el conflicto”, aunque reconoció que “la medida en sí todavía está por definir”, al tiempo que afirmó que “habría que valorarla” en el caso de que “la empresa decida ponerla en la mesa de negociación”.