El Partido Popular pregunta al Gobierno “por qué no se han iniciado” las obras de la nueva planta de reciclaje de baterias de litio anunciada por el Ministerio de Transición Ecológica para este año en el polígono de El Bayo. Esta pregunta, presentada a la Mesa del Congreso por las diputadas Ester Muñoz y Silvia Franco, remarca que este proyecto fue presentado por el Instituto de Transición Justa en noviembre de 2022 “como estratégico a nivel nacional” por su capacidad para generar actividad económica en la zona.
Esta iniciativa está integrada en el plan Futur-E promovido por Endesa en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas. Este plan contempla una inversión de 260 millones de euros y una creación de empleo de 160 puestos de trabajo, muy lejos de la ambiciosa propuesta aprobada en As Pontes con 2.500 millones de euros de inversión y la generación de 1.300 empleos alternativos, afean.
Las diputadas leonesas preguntan si el Ministerio de Transición Ecológica ha exigido el cumplimiento de los plazos a los promotores del proyecto, además de plantear si desde el mismo “se está trabajando con los agentes para consolidar esta iniciativa” tal y como se comprometió la ministra, Teresa Ribera, en su visita a Ponferrada en marzo de 2023.
La planta de reutilización y reciclaje de baterias de litio plantea una inversión inicial de 13 millones de euros con unas ayudas del Gobierno con cargo a los proyectos empresariales en zonas de transición justa del 8%, es decir, de 1,17 millones de euros.
Este proyecto fue calificado en su presentación en agosto de 2023 como la “primera planta de reciclaje” de baterías de España y como un motor de actividad y empleo en zonas afectadas por la reconversión minera y el cierre de las centrales térmicas. Entonces, se fijó para finales de 2023 el inicio de las obras y su puesta en funcionamiento a mediados de este año con la generación de 20 empleos en el momento de la apertura y de 50 puestos de trabajo directos cuando operase a pleno rendimiento.
El Ministerio de Transición Ecológica incide en que “se trata de una inversión empresarial privada cuyos plazos son estimados, anunciados y llevados a cabo por los promotores”.
Para las parlamentarias leonesas, el Gobierno “no está realizando el seguimiento exhaustivo que se había comprometido” en una iniciativa esencial para la reindustrialización de la comarca berciana.
“Cómo es posible que el Instituto de la Transición Justa no realice un seguimiento de un proyecto que recibe una subvención pública de más de 1 millón de euros”, apuntan las diputadas por León.