El PP denuncia en el Congreso "un nuevo castigo al Bierzo del Gobierno de Sánchez" con su aparente intención de trasladar a León el Instituto de Medicina Legal de Ponferrada.
Las diputadas nacionales del Partido Popular por León, Ester Muñoz de la Iglesia y Silvia Franco González, han registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados dirigida al Ministerio de Justicia, demandando explicaciones sobre el plan para reestructurar el Instituto de Medicina Legal y Forense de Ponferrada, lo que podría implicar el traslado total o parcial de sus funciones a León. Esta medida, que afectaría a servicios esenciales para la comarca del Bierzo, ha generado una profunda preocupación entre todos los parlamentarios del PP provincial, y la califican como “un nuevo ataque a los intereses de los bercianos”.
En concreto, la pregunta que formularán es si "¿tiene el Gobierno previsto llevar a cabo una reestructuración del Instituto de Medicina Legal de Ponferrada que implique el traslado total o parcial de sus funciones a la ciudad de León? En caso afirmativo, ¿a qué funciones concretas afectaría esta reestructuración y cuál es la justificación de la medida?
El PP denuncia que esta posible reestructuración, que reduciría competencias del Instituto de Medicina Legal en Ponferrada y obligaría a los ciudadanos a desplazarse a León, no solo dificulta el acceso a servicios esenciales como la práctica forense o la elaboración de informes periciales, sino que refleja una “insensibilidad absoluta” por parte del Gobierno socialista hacia las necesidades de la comarca.
Muñoz se muestra contundente en su crítica al ministro de Justicia “el señor Bolaños parece estar más interesado en ejercer de abogado defensor de Begoña Gómez y del Fiscal General del Estado que en garantizar una justicia cercana al ciudadano. Desmantelar un órgano técnico como el Instituto de Medicina Legal de Ponferrada es un disparate que perjudica gravemente a los bercianos y aleja los servicios públicos de quienes más los necesitan”, abunda.
Por su parte, Franco subraya el impacto que esta decisión supondría para la comarca: “Esto no es modernización, es un retroceso. Centralizar servicios en lugar de acercarlos al ciudadano es un nuevo agravio del Gobierno a los bercianos, que están sufriendo en sus propias carnes los recortes con los que el PSOE quiere pagar sus favores a los independentistas”.
Franco ha advertido además que “esta medida arbitraria encontrará la oposición firme de la sociedad berciana, y desde el PP estaremos a su lado para defender lo que es justo”.
Para el PP este traslado no solo encarecerá y complicará el acceso a un servicio esencial para los habitantes del Bierzo, sino que contraviene la equidad territorial. “No es solo una cuestión administrativa, es una cuestión de dignidad y respeto hacia quienes vivimos aquí”, afirma Silvia Franco, cuestionando la coherencia del Ministerio: “¿Es esta la transformación que nos prometieron?", se pregunta.
