El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en Ponferrada, Olegario Ramón, volvió a incidir en la falta de ética que considera que se ha tenido a la hora de vender, a la baja, en subasta pública, la parcela donde se asentaba el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que fue adquirido en 2009 como patrimonio municipal por 2,5 millones y se va a vender por 804.000 euros, sin IVA. "Supone una pérdida para el patrimonio del Ayuntamiento de 1,7 millones de euros", aseguró, pero desveló que, en su día, además de los gastos abonados por la compra "se pagaron también 90.622 euros por derribar el cuartel", lo que hace la pérdida aún mayor.
Se rebaja un 81,94% lo que valía en su día "y es un solar que no genera gastos", vuelve a remarcar, no justificando la venta con rapidez. Pero además, el precio de adjudicación no alcanza el valor catastral, marcado en algo más de un millón. Por lo que certifica que se está "malvendiendo" un patrimonio que no es propio "porque tienen necesidad de dinero", dice.
Incluso va más allá el PSOE que ha accedido a un informe, publicado en la web del Ayuntamiento, encargado en 2015 por Samuel Folgueral, en aquel momento alcalde, que pedía la valoración por parte del jefe de planeamiento y gestión patrimonial. Ahí se expone que el valor del solar era muy superior a los 2,5 millones en los que se compró. Constan dos valoraciones, una del Ministerio de Interior y otra municipal. La primera es de 4.321.822 euros, la segunda 3.725.000 euros. Por tanto, la pérdida "real", partiendo de ese valor de hace una década es de 2,9 millones, incluso más, si se tiene en cuenta la valoración gubernamental, hasta 3,5 millones.
Asegura que el alcalde de Ponferrada, Marco Morala miente al decir que la subasta se hace con pujas a la baja de manera habitual "eso no es lo habitual, a no ser que sean subastas civiles" dice Ramón.
Ramón considera que "por ética", se deben gestionar los bienes públicos "con la máxima diligencia y lealtad". Por eso asegura que siguen estudiando llegar a los juzgados este tema pero adelanta que "éticamente" está tocado "y, si tiene recorrido, lo intentaremos paralizar por la vía judicial o por la que se pueda para parar este despropósito", dijo.
Morala ya advirtió que el procedimiento no tiene marcha atrás y solo quedan los pasos administrativos, llevar la compra a la Junta de Gobierno y proceder a la enajenación.
