PSOE, PeC y Ciudadanos fuerzan un pleno para que Merayo aclare sus conversaciones con Ulibarri dentro de la Operación Enredadera

A mediados de septiembre habrá pleno extraordinario en Ponferrada con el fin de depurar responsabilidades sobre las escuchas que recoge la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en el marco de la Operación Enredadera, y en las que aparece la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, pero también miembros de su equipo, el portavoz de Unidad Social de Electores, USE, Samuel Folgueral, e incluso el portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz.

Ciudadanos lanzó la petición de ese pleno, a la que se sumaron Ponferrada en Común y PSOE y que es obligatorio realizar, bien con convocatoria del equipo de gobierno o fijada a los 15 días hábiles de presentar la propuesta que se registró este lunes en el Ayuntamiento.

La portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, que en el último pleno había reprochado a la regidora que le señalara cuando se hablaba de la operación policial, considera que es Merayo y las personas que aparecen en la investigación quienes “deben dar las explicaciones pertinentes”. Luna pide “un ejercicio de transparencia y democracia” y considera que el pleno es el foro adecuado para ello “porque tenemos la posibilidad de preguntar y de que se responda”.

Luna considera grave que las conversaciones que aparecen en los papeles policiales sean “entre una alcaldesa y un empresario imputado”. Con la misma gravedad ve el concejal del PSOE, Javier Campos, las escuchas, pero quiso ir más allá “hemos tenido la oportunidad de ver situaciones graves que relatan el funcionamiento den un Ayuntamiento en connivencia con un determinado empresariado”. Asegura que son situaciones que el PSOE ha denunciado “pero no teníamos pruebas de que fuera así”, pero ahora “podemos decir que hay connivencias impresentables con empresarios en esta zona”, por eso pide explicaciones en un pleno que augura “duro” en el que solicitará “muchas explicaciones a Miranda y a la regidora como máxima responsable”.

Desde Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, considera que en la actualidad la corporación está dividida en dos bloques “uno que está bajo sospecha y que lo forman tres partidos y otro que tiene necesidad de que se le den explicaciones”. Dice que la regidora está "bajo sospecha" puesto que, aunque asume su derecho a reunirse con quien quiera “puede hacerlo pero en esta casa”, dice mirando al Ayuntamiento “que tiene que ser de cristal” para que todos puedan saber qué es lo que trata y con quién”. Pero tiene más enjundia que sea Ulibarri el empresario con el que se habla.

Fernández pide explicaciones y augura que no se acaben los datos de esas escuchas “es el inicio de algo que tiene que tener otras medidas”. Fernández considera que todas las herramientas que ponga la ley serán usadas, incluso la moción de censura “la aritmética no da, pero son medidas de presión y políticas que están a nuestro alcance las que tomaremos", dijo.