Los funcionarios denuncian que los cinco veterinarios y tres técnicos agrícolas que conforman este servicio tienen sus duchas en los aseos públicos de las dependencias de la Junta, no disponen de sistema para lavar las botas con las que llegan de las explotaciones ganaderas ni tienen vestuarios específicos y tampoco un acceso independiente del público.
«Los veterinarios entran por la entrada general, con las muestras desde las explotaciones, y tienen que atravesar el hall donde se encuentra el registro y los usuarios y es inadmisible que se corra ese riesgo sanitario de transmisión de zoonosis, sobre todo de brucelosis y tuberculosis», explica Manuel Martínez, presidente de la Junta de Personal.
Los funcionarios reiteran que «hay muchas deficiencias que provocan riesgos biológicos». A esto se añade que el aparcamiento de vehículos de los veterinarios está en un edificio de viviendas fuera de la delegación de la Junta. «Con lo que no es posible acceder directamente y no se pueden realizar las limpiezas y desinfecciones de los equipos de protección individual que deberían existir». También apuntan que, cuando los veterinarios están de guardia, no pueden acceder al interior de la delegación para recoger material a partir de las 19:30 horas al estar cerradas las instalaciones.
Posible paralización cautelar
La Junta de Personal anuncia la presentación de una solicitud para el traslado del servicio y, si no se hace caso de sus peticiones, valorarán solicitar una paralización cautelar de algunas de las actividades del servicio.
«Si de nuevo nuestras quejas resultan infructuosas, valoraremos la posibilidad de requerir la paralización cautelar de todas las actividades de campo realizadas por los equipos veterinarios, especialmente las referidas a las campañas de saneamiento ganadero, hasta que se adopten las medidas preventivas que palíen todos los riesgos», subraya el responsable de la Junta de Personal.
Los servicios veterinarios oficiales de Agricultura y Ganadería agrupan a 14 empleados públicos: cinco veterinarios, tres ingenieros agrícolas y el resto son personal administrativo.
En cambio, la Junta de Personal está satisfecha por el traslado al edificio de la Gerencia de Atención Primaria de losservicios veterinarios oficiales de salud pública y farmacéuticos, cuya inadecuada ubicación habían denunciado el año pasado. «Ahora las instalaciones son adecuadas y pueden llevar a cabo sus funciones, tanto de seguridad alimentaria como de sanidad ambiental y ordenación sanitaria», aduce el presidente de la Junta de Personal.
El único inconveniente, añade, es que en el nuevo edificio no tienen servicios administrativos ni de registro. «Pero al menos las condiciones nefastas que tenían aquí se han solucionado», añade Martínez.
Recortes en el servicio de extinción de incendios
Los trabajadores del operativo de extinción de incendios forestales critican que los recortes producidos en los últimos años han mermado mucho la efectividad del servicio, sobre todo fuera de la campaña de extinción de incendios en verano, que basa su eficacia «en esperar a que llueva para que no se produzcan incendios o para que éstos puedan extinguirse».
En el Bierzo el operativo está formado por cinco cuadrillas que comenzarán su labor a mediados del próximo junio. Los trabajadores del servicio recuerdan que las cuadrillas antes trabajaban 11 meses y ahora la tendencia es que sólo trabajen los tres de verano.
También se han reducido en un 50% los retenes de bulldozer, de los que en el Bierzo existe uno que empezará en julio. Y entre los recortes se incluyen también las cuadrillas helitransportadas de prevención y extinción, donde se han reducido aproximadamente un 50% de los jornales, «encontrándonos situaciones ‘inoperativas’ de helicópteros sin cuadrilla, que realmente es la que apaga el incendio», expone Roberto Bécares, miembro de la Junta de Personal.
Rechazan también las extralimitaciones de jornada y la temporalidad de los contratos, así como que en las licitaciones de la Junta tenga demasiado peso la parte económica, llegando a admitir bajas de entre un 40% y un 50%, «por lo que llevar a cabo los contratos con un mínimo beneficio se torna casi imposible, limitándose al mantenimiento de la infraestructura de personal y medios y evitando la quiebra de las empresas forestales», añade Bécares.