La mesa, formada por cuatro técnicos y dos políticos (la concejala de Hacienda,Amparo Vidal y su homólogo de Medio Ambiente, Roberto Mendo) decidió, por cuatro votos a favor y dos abstenciones, que la adjudicación del servicio fuera a parar a Urbaser, la licitante que ganó el litigio en el Tribunal Superior de Justicia por considerar que había errores en las puntuaciones para acceder a él hace tres años, cuando fue Fomento Construcciones y Contratas, FCC la empresa seleccionada para ofrecer el servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y mantenimiento de jardines, por 17 años prorrogables tres más y un presupuesto cercano a los 130 millones.
El portavoz del PSOE considera que el procedimiento debía haberse atajado y pasar a pleno esa votación que, por otro lado, fue errónea, puesto que la secretaria del Consistorio apostilló con posterioridad que su voto de abstención no era correcto. Como miembro nato del órgano, debería haberse pronunciado de modo afirmativo o negativo. De todos modos considera que «el pleno es soberano y la decisión de la mesa no es vinculante», por lo que se podría haber decidido qué hacer.
Considera Ramón que la aclaración judicial se debería haber solicitado antes de sentar a la mesa de contratación y resolver las dudas que, por otro lado, pueden quedar sin aclararse «porque el Tribunal puede informar que ya ha quedado clara», dice Ramón.
Los plazos se estiran, según Ramón, puesto que primero se presentará el incidente de ejecución y se dará traslado a las dos empresas implicadas y el juez tiene diez días para resolver, aunque pueden ser más. Considera Ramón que pasarán tres meses hasta que se conozca la resolución judicial «y después puede haber recurso». Así las cosas, Ramón considera que parece «que hay miedo» para resolver el caso «parece que hay presiones para que se adjudique a una o a otra empresa, pero el Ayuntamiento tiene que resolver». Desconoce cómo se va a parar la huelga convocada por los trabajadores para el 3 de abril en esta situación «nos consultan a nosotros cuando deben ejercer su responsabilidad de gobierno», reprocha Ramón, que apunta que no hay más actividad en el Consistorio que resolver este caso «y ni esto se hace», lamenta.
Desde Ponferrada en Común su portavoz, Miguel Ángel Fernández asegura que el procedimiento debería acelerarse y este movimiento «lo único que hace es retrasarlo». Considera que la decisión que se había adoptado en la mesa de contratación debería haber pasado ya a pleno sin la reunión de portavoces «se podría haber hecho de otra manera» apunta, «pero no vamos a hacer una batalla, por ahora, con este tema», dice.
Fernández considera que se han quedado en cartera dos solicitudes de responsabilidades, por un lado a la adjudicataria del servicio por incumplir con el contrato y sumar quejas en el servicio por parte delConsistorio y de los vecinos, por otro, al anterior equipo de gobierno, que encabezó la adjudicación del contrato que echó abajo el TSJ.
Lo que sí lamenta Fernández es que «la zozofra de este equipo de gobierno la pagan los trabajadores» que están a la espera de que se inicie una negociación con la empresa para poner sobre la mesa el convenio colectivo.