Aseguraba Moral que se le había pagado a Sepia una cuantiosa suma de dinero cuando fueron contratados por segunda vezen 2012 (antes habían llevado el servicio de 2001 a 2011, primero Folgueral como autónomo y después como empresa) y acusaba, además, a Samuel Folgueral en particular de haber ejercido de arquitecto municipal en Cacabelos en su etapa de alcalde en Ponferrada, algo que el denunciante considera incompatible. Ante esas acusaciones que recibió Fiscalía, se dio curso a la demanda, que desembocó en los juzgados y que el día 8 llevaba a tomar declaración a los investigados, pero la aportación de documentos por parte de Sepia Técnicos ha conseguido que la causa no siga adelante. Los arquitectos contaban con documentos que Fiscalía había requerido al Ayuntamiento y de los que Intervención negó su existencia.
Sepia desarmó la acusación
Sepia articuló toda la documentación para acreditar la legalidad de su trabajo y la compatibilidad laboral de Samuel Folgueral, un trabajo que la Fiscalía aplaude en su escrito, al tiempo que lamenta que manifiesta su sorpresa porque haya sido la parte denunciada la que aporte datos que debería haber aportado el Ayuntamiento . En la documentación se justifica el pago de unos 30.000 euros que efectuó Canedo dentro del Plan de pago a proveedores en las facturas impagadas de esa década (2001 a 2011) en la que Folgueral y Sepia trabajaron para el Ayuntamiento, de las que solicitaron el abono. Fue Canedo el que pidió que se incluyeran esos impagos en el Plan a proveedores, algo que se hizo y se procedió a su abono. En total era una factura con elnombre de Samuel Folgueral y cinco más de Sepia Técnicos. La más cuantiosa, de unos 12.500 euros, por un proyecto básico de ocho viviendas que se pretendían construir en la calle La Lavandeira en 2004 y que fue reclamada en 2011 y abonada en 2012, y otra de unos 10.000 euros, en concepto de un proyecto para realizar un centro de día en la localidad, que se abonó en 2011. Ambas cantidades fueron justificadas y registradas por el propio Folgueral y por Sepia, en vistas a que Intervención no recogía los conceptos de los pagos en las facturas.
Sepia considera que fue un movimiento alevoso, puesto que esa fue la documentación que se presentó, sin añadir esos anexos sellados en el registro del Consistorio que presentaron lospropios arquitectos. Eso ha demostrado finalmente, como admite el fiscal, que las facturas se remiten a trabajos realizados y justificados. Incluso Sepia apunta que hay una factura a mayores de 12.000 euros que también se le fue abonada, pero que no se recogía en el expediente, por lo que la empresa la aportó a Fiscalía para que incluyera en el caso.En 2012 y después de que Cacabelos contara con una arquitecta municipal en lugar de Sepia durante un período de tiempo, hasta que Canedo decidió no renovarle el contrato y dejar que el servicio lo prestara el Consejo Comarcal, los hermanos volvieron a acceder a una oferta de Canedo para recuperar el servicio que ofrecían, ya que el Servicio de Asistencia a Municipios se colapsaba por todos los trabajos de Cacabelos- entre 300 y 400 expedientes al año-.
En ese momento, Sepia estaba en proceso de reclamar facturas anteriores y se le ofreció un nuevo contrato, pero esta vez con un pago mensual para ofrecer el servicio una hora por semana. Se firmaba por cuatro años, por lo que tenía vigencia desde 2012 a 2016. Durante ese tiempo, Folgueral compatibilizó su cargo como regidor en Ponferrada con el de arquitecto en Cacabelos. Lo hizo, tal y como presentó ante Fiscalía, porque su dedicación era del 85%, precisamente con el fin de salvaguardar su faceta profesional.
Además, la ley le permitía trabajar en Consistorios que no fueran el que dirigía, por lo que en ningún caso desarrolló ninguna labor incompatible, aunque Moral le reprochara que no firmaba las consultas que atendía y lo hiciera su hermano Roberto, algo que también justifica Sepia en que era el administrador de la empresa y como tal debía rubricar los expedientes.Un año antes de que concluyera su contrato, por el que percibía mensualidades hasta completar un precio cerrado de 11.600 euros anuales tuviera las obras que tuviera, que incluso les dejaron pérdidas de 15.500 euros, el socialista Sergio Álvarez, finalizó el contrato y sacó la plaza de arquitecto a concurso, un relevo que Sepia llevó a juicio consiguiendo una sentencia favorable.