Vecinos de Lillo y Otero acusan a la Junta de defender los intereses de Victorino Alonso

Aseguran que están siendo sometidos al "chantaje" de Promining para hacerse con sus terrenos, firma que consideran que tiene que ver con ese empresario que debía haberles devuelto sus propiedades y ahora les pide demostrar que lo son

12/11/2024
 Actualizado a 12/11/2024
Imagen de archivo de la Gran Corta de Fabero, terrenos que debían recuperar los vecinos. | Ical
Imagen de archivo de la Gran Corta de Fabero, terrenos que debían recuperar los vecinos. | Ical

Los vecinos de Lillo y Otero de Naraguantes han denunciado que la empresa Promining S.A. ha enviado una carta al Ayuntamiento de Fabero (y no a los interesados) en la que "hacen en la primera hoja todo un panegírico del empresario "ejemplar" Victorino Alonso, según esta empresa, por su generosidad que dió "multimillonarios ingresos" (sic) a los propietarios de los terrenos y las juntas vecinales, "la infinidad de favores" que hizo o los "miles de puestos de trabajo generados"". "Dicen que el pobre Victorino Alonso "perdió todo su patrimonio por una decisión política", aunque no aclaran cuál fue esa decisión ni quién la tomó", advierten los vecinos liderados por Laurentino González.

Pero denuncian que la realidad fue que "bajo presión y amenaza de expropiación" los vecinos de Lillo y Otero "se vieron obligados a "vender" sus terrenos hace ya más de 25 años al "empresario" Victorino Alonso para la extracción del carbón a cielo abierto de la Gran Corta". Era la época en que el carbón era considerado un producto estratégico nacional, recuerdan y "se presionaba con que había en juego puestos de trabajo, amenazando con cerrar las minas de interior si no se les concedían los terrenos". Todo para conseguir mayores beneficios al menor coste posible, aunque arrasara el medio ambiente.

En este contexto, se firmaron acuerdos con este empresario en los que se estipulaba una cláusula de reversión, entendida por todos los firmantes como una devolución automática de los terrenos una vez pasados 25 años y restaurados los mismos a su estado original.

"A pesar de que fue un acuerdo ilegal y en fraude de ley, porque Victorino Alonso impuso la condición de 25 años, cuando el Código Civil establece que "en caso de estipulación -como así fue-, el plazo no podrá exceder de diez años" todos los terrenos de los vecinos y vecinas y de las juntas vecinales deberían haber sido reintegrados diez años después de los acuerdos firmados. 

Lo sorprendente es que en vez de cumplir lo estipulado legalmente, Victorino Alonso se lo ha vendido a esta empresa que ahora opera para "adueñarse ilícitamente de fincas y terrenos de los pueblos con el silencio de las administraciones regionales y la Junta de Castilla y León".

Según explican en un comunicado, parece que se quieren apropiar de los terrenos inmatriculándolos a su nombre, y exigiendo a los legítimos dueños que aporten pruebas de su propiedad, "que ya las aportaron cuando firmaron los acuerdos hace más de 25 años".  

Pero además ahora, la empresa Promining S.A. "se arroga ahora una nueva potestad: establecer plazos a las administraciones de los ayuntamientos y las juntas vecinales, así como a los vecinos, para que presenten pruebas de que son propietarios de esos bienes que se han autoasignado. Les dan un mes para ello. A Sancedo y Arganza les dieron quince días".

"Victorino Alonso sabía de sobra que esas fincas y terrenos tenían que ser devueltas. Si él les estafó, que le pidan cuentas a él. Pero lo que hacen, después de todas estas ilegalidades, es poner la "carga de la prueba" en las víctimas de todo este expolio. Y les exigen a ellas que de nuevo demuestren que son dueños", afean.

Los vecinos de Lillo y Otero llevaron esta denuncia al Defensor del Pueblo, que fue admitida a trámite, y la ha enviado a la Junta para que "ampare a los interesados ante este expolio". Considera que estas empresas lo que quieren es "re-expoliar los territorios, quedándose con los terrenos para instalar macroparques fotovoltaicos para que, nuevamente, a costa del erario público enriquecerse aún más".

"Los pueblos no estamos dispuestos a este nuevo expolio" y consideran que, lo que debe aplicarse es la devolución inmediata de todos los terrenos con cláusula de reversión "sin más dilación".

Exigen a la Junta de Castilla y León "que deje de defender los intereses de Victorino Alonso y, antes de darles permiso de ningún tipo para esas explotaciones de macroparques fotovoltaicos, represente realmente a la población amparando los intereses de los vecinos y vecinas de Lillo, Otero, Sancedo, Arganza y las población que próximamente serán objeto de nuevos expolios", auguran.

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