Los vecinos de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes, así como las Juntas Vecinales de ambos pueblos, han decidido reclamar por escrito a la empresa, Geninvest promotora de un macroparque fotovoltaico, la devolución de todas las fincas con cláusula de reversión.
Explica Laurentino González, como portavoz vecinal, que, ante la afirmación pública en medios de comunicación por parte de la empresa "que se ha apropiado de las fincas de los vecinos y juntas vecinales de Lillo y Otero" de que "ni uno solo de los más de 500 antiguos propietarios, se ha dirigido a la empresa para ejercerlo", éstos se han movilizado y enviado escritos a la empresa reclamando su derecho de reversión de la propiedad de las fincas usurpadas, tal como figura en los contratos, y que se devuelvan restauradas "como se comprometió en los contratos Victorino Alonso, que sigue estando detrás de esta "empresa pantalla" para seguir re-expoliando los terrenos de los pueblos", denuncia.
Los vecinos han esperado que, pasados los 25 años y restaurados los terrenos, se les devolverían de forma automática como se acordó en los contratos. Algo que nunca ha sucedido y se enteraron por los medios que esta empresa "fantasma de Victorino Alonso" quería hacerse con ellos. Por eso ahora dirigen cartas a la empresa, a través de una oficina que Victorino Alonso tiene en las naves de Fabero, para que se las hagan llegar a Geninvest porque siguen sin conocer la dirección postal o ningún otro medio de comunicación con esa empresa.
Los vecinos y las juntas vecinales siguen denunciando que Victorino Alonso y su grupo empresarial no solo no restauró la devastación de la Gran Corta, sino que además "ahora quiere apropiarse de los terrenos restaurados con dinero público" y con el de las subvenciones públicas que se otorgan para instalaciones fotovoltaicas "para que le paguemos entre todos este nuevo macroparque fotovoltaico".
Pero recuerdan el respaldo que les ha dado el Defensor del Pueblo, al que presentaron alegaciones contra la apropiación de terrenos privados y comunales de la Gran Corta por los testaferros de Victorino Alonso. Le enviaron la documentación, que ahora se envía a la propia empresa, que atestigua la existencia del derecho de reversión de los terrenos que hace más de 25 años fueron "expropiados" y "comprados bajo amenaza de expropiación" por el empresario Victorino Alonso, y de los que "ahora quiere volver a apropiarse, una vez restaurados algunos de estos terrenos con dinero público, para poner en ellos macroparques fotovoltaicos y cobrar nuevamente subvenciones públicas para ello, seguir expoliando de nuevo el patrimonio de los pueblos".
El Defensor del Pueblo ha solicitado más documentación para conocer la situación a fondo y ver las posibles irregularidades y "atropellos contra los derechos de los vecinos y vecinas y juntas vecinales". No así, afean, la Junta de Castilla y León, que "parece defender los intereses de Victorino Alonso". Por eso insisten en denuncian que la Junta de Castilla y León ampara los intereses empresariales de estas compañías oportunistas y los macroproyectos que expolian el territorio rural y el patrimonio de los pueblos y los vecinos, que fueron quienes les eligieron para que sean garantes de sus derechos.
Por eso exigen, una vez más, a la Junta de Castilla y León, que obligue al grupo empresarial de Victorino Alonso para que cumpla los contratos y acuerdos establecidos con los pueblos, tanto de los vecinos y vecinas como de las juntas vecinales de los mismos, antes de darles permiso de ningún tipo.
Geninvest y Distribuidora Eléctrica del Sil, testaferros de Victorino Alonso, afirman que los terrenos comprados en los años 90 fueron pagados "muy por encima de su valor de mercado", algo "absolutamente falso". Además, aseguran que determinados terrenos son suyos, sin haber acordado ni delimitado con los pueblos cuáles corresponden a los vecinos y juntas vecinales.
Cuando finalizó la explotación de los terrenos "expropiados", el empresario Victorino Alonso, condenado y en la cárcel actualmente, en ningún momento devolvió los terrenos a sus respectivos propietarios, los vecinos y vecinas de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes y sus Juntas vecinales. "Debería haberlos devuelto restaurados, como así se había comprometido, en las mismas condiciones en las que se los apropió y de esta forma actualmente poder desarrollar en ellos, al menos, las mismas actividades que se realizaban anteriormente: cultivo de cereales y pastos de ganado. O destinarlas a otras, si así lo deciden sus respectivos dueños".
Lejos de cumplir los acuerdos "nos enteramos a través de la prensa, que testaferros de Victorino Alonso se están adueñando de nuestros terrenos para montar un macroproyecto de placas solares, subvencionado públicamente, aprovechándose de las ayudas del Estado y la Unión Europea".
Aunque los vecinos quieren contar con esa energía, aseguran que se han encontrado con estas cadenas de "macroempresas buitres", con ramificaciones de filiales extractivas por toda la cuenca Fabero Sil, Ponferrada y Bembibre, La Recuelga (Santa Cruz del Sil) y Alinos (Toreno), que vienen a re-explotar en el siglo XXI lo que ya fue expoliado en el siglo XX con el carbón. Se preguntan cómo es posible que las administraciones públicas hayan permitido que estas "empresas buitre", testaferros de Victorino Alonso, hayan inscrito recientemente la titularidad de esos terrenos en el Registro de la Propiedad, "sin haber cumplido previamente los acuerdos y contratos con los pueblos, vulnerando así sus derechos y su patrimonio". "Esto es un robo organizado y planificado de la propiedad de los vecinos y vecinas y los pueblos, con alevosía y nocturnidad, porque nadie de los pueblos se enteró de esto hasta que no ha salido en prensa".
Aseguran que la empresa les hace culpables en lugar de víctimas, por no haber pedido la devolución de los terrenos. "Ningún antiguo propietario había solicitado hasta ahora a la empresa la devolución puesto que nadie sabía que se había apropiado de esos terrenos una empresa fantasma de Victorino Alonso", justifican.
"Es el descaro y el atropello más flagrante que se ha visto en el Bierzo. Y es indignante que, tras la macromanifestación en Ponferrada donde se reclamó y se reclama que la energía sea controlada por los propios pueblos y comunidades, que ahora vengan a volver a expropiar lo expropiado ya y con dinero público de nuestros impuestos", afean.