Vidal sugiere que Folgueral debería "sonrojarse" al defender los contratos a dedo

El ex alcalde da por buena da fórmula para adjudicar las obras sin concurso tras dividir el proyecto en cuatro contratos diferentes y menos cuantiosos

L.N.C.
13/05/2016
 Actualizado a 30/08/2019
Imagen de archivo de Samuel Folgueral visitando las obras del campo Ramón Martínez. | Ical
Imagen de archivo de Samuel Folgueral visitando las obras del campo Ramón Martínez. | Ical
El equipo de gobierno de Ponferrada defiende un criterio de contratación de obras públicas basado en«la legalidad por encima de todo».El ex alcalde, Samuel Folgueral, ahora portavoz del grupo USE Bierzo,dijo esta semana que las obras de los campos de fútbol Ramón Martínez se contrataron sin concurso, porque no superaban de forma individual los 50.000 euros de coste.

Frente a eso, la actual teniente de alcalde de Ponferrada, Amparo Vidal (PP), entiendeque «si un ex alcalde considera que adjudicar unas obras sin expediente de contratación es lo adecuado y lo legal, es evidente que el que tiene que revisar sus criterios como representante público es él».
Asegura que «el grupo USE miente y, además, descaradamente» cuando asegura, «sin rubor, que las obras en los campos fueron adjudicadas siguiendo el método adecuado». Y es que, según entiende Vidal, «el único método adecuado para la contratación en la administración es el establecido en la Ley de contratos del sector público, que, entre otras cosas, prohibe contratar verbalmente, salvo en casos de urgencia», recuerda.

La portavoz del PP califica de «lamentable» que un representante público ignore cuál es el procedimiento de contratación en un Ayuntamiento.

Además, le recuerda a Folgueral que sin los problemas sobrevenidos de su gestión anterior «éste Ayuntamiento no tendría los problemas que presenta en cuanto a las cifras económicas, las consecuencias legales y la imposibilidad de disponer de más recursos para mejorar la vida de los ciudadanos».

A juicio de Vidal, Samuel Folgueral debería «sonrojarse» cuando pone en cuestión la capacidad jurídica del equipo de gobierno y de los técnicos municipales».
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