El voto negativo de PSOE y Vox hizo que el proyecto de Zona de Bajas Emisiones que pretendía aprobar el equipo de Gobierno de Ponferrada quedara desbancado y que la ciudad pueda tener que devolver los 2,4 millones de Fondos Europeos que recibió para realizar las obras necesarias para su activación.
El equipo de Morala no aceptó las dos modificaciones que el PSOE consideraba fundamentales para poder adherirse a la aprobación de este punto: la fecha de inicio de restricciones el 1 de enero de 2026 en lugar de diciembre de 2027 y el establecimiento de restricciones de tráfico cuando la situación lo requiera.
Por su parte, desde la bancada de Vox, su portavoz, Patricia González, recordaba que mantenían sus compromisos de campaña, cuando aseguraron que no pasarían por la aprobación de esta zona. Considera que se ahorca al comercio de la ciudad por no sacrificar el dinero que ha costado y que se ha invertido "por sus propios intereses", afeó. "No les preocupa el autónomo, pretenden limitarnos el derecho de circulación", acusa. Las restricciones van en la línea de los menos pudientes, dice. "Y no les he visto a ninguno en bici", dijo lanzando un reproche a las políticas ecológicas. Considera que no se deben poner trabas "admitan que la ZBE es un error y dejen de ser la derechita cobarde", le pidió al equipo de Morala.
Por su parte, Coalición por el Bierzo hablaba de la pretensión de abrir zonas y no de cerrarlas "la propuesta que ponemos sobre la mesa es perfectamente aplicable, no es restrictiva y va a cumplir con la normativa. Si no se apoya alguien va a cargar con esa responsabilidad" , dijo. "Defendemos a los trabajadores por eso jamás vamos a permitir este atropello".
El PP, tras aplaudir el trabajo de los técnicos en reconducir la ZBE para que cumpliera con la normativa pero no fuera restrictiva, apuntó que no se puede establecer una graduación de cierre por distintivos, algo que pedía el PSOE, puesto que, de los 49.327 vehículos censados en Ponferrada, solo cuentan con los distintivos menos restrictivos 1.502, por lo que quedaría fuera la mayor parte. La portavoz del PP, Lidia Coca considera que con el texto que presentaba "se cumple con la norma, no se pierde la ayuda y tampoco se restringe el tráfico. Esta ordenanza protege la salud de las personas, a los hosteleros y al comercio". Frente a ella "las consecuencias que traerá la devolución será responsabilidad de quien vote en contra de la misma". Acusa al PSOE de no votar a favor "por cabezonería", pero sí asegura que se ha mejorado.
Por su parte, el PSOE argumentaba que no debe haber miedo en aprobar una zona que, si no es necesario, no incluirá restricciones. Solo se activarán cuando la contaminación así lo requiera pero, si no es así, y como defiende el PP, no es una ciudad contaminante, no se activará.
En una reflexión final, tras votar en contra a su propuesta, Marco Morala también agradeció el trabajo de los servicios públicos y apuntó que el planteamiento de la ZBE fue erróneo, "no hubo una buena gestión. No se cumplió el plazo legal para ponerlo en marcha en 2022, tal vez por las elecciones de 2023. Pero el PP ha conseguido ahora cumplir los plazos", dijo.
Morala se opuso, sobre todo a la gestión que se hizo de la zona elegida y de las peatonalizaciones presentadas. Se pregunta el criterio que hubo para delimitar el perímetro de la zona, "no lo hubo, se marcó de forma aleatoria. Ahora no se puede modificar porque habría que devolver el dinero, pero se puede elegir la zona a capricho", dijo. En 2021 no había en el centro medidores de contaminación "y el PSOE improvisó". Lo que debería haberse hecho, apunta el regidor, es contar con esas mediciones de contaminación "no se hizo", no se tuvo en cuenta el parque de vehículos y lo que contaminaban en esas zonas tampoco. No se plantearon recorridos alternativos. "Pasaron a una especie de "asusta viejas" con la salud de los ponferradinos". Hasta febrero de 2023 solo había un medidor, que estaba fuera de esa zona. "Se ha actuado con irresponsabilidad", criticó con dureza ante la intención de Ramón de intervenir y la llamada al orden del regidor.
Se debieron hacer aparcamientos alternativos, porque se han eliminado 70 y no se han recuperado, "eso supone un grave perjuicio", prosiguió. "Los problemas que puede generar esta ZBE deberían haber estado resueltos antes de que se produjeran". No lo estuvieron al pensar en las peatonalizaciones. Estaban pensadas para la calle Real y La Puebla. "Pero no se estudiaron alternativas de tráfico", dice.
No hubo un estudio socioeconómico para esta ZBE en una ciudad donde "no existen riesgos para la salud ni riesgos contaminantes. Solo les importaba mayo de 2023" dijo, en referencia a las elecciones.
Ahora pide a quienes votaron no a su propuesta que "piensen cómo devolver los 2,4 millones a Europa. Ustedes tiraron de intuición, nosotros de realidad", concluyó, sin dejar réplica al PSOE.
Situación de "incertidumbre"
Desde el grupo socialista han señalado que la "cabezonería del equipo de Gobierno" va a provocar una “situación de incertidumbre” que "al final pagarán los vecinos de Ponferrada", porque podría tener que devolverse ese dinero.
Para el grupo socialista no tiene sentido que "por una motivación política hayan optado por esa decisión" de no tomar en consideración las enmiendas del PSOE. "Y un ejemplo de que es una motivación política es que ni siquiera aprobaron la enmienda donde se definía el CO".
El Grupo Socialista propone a Morala que vuelvan a llevar este punto en el pleno ordinario de mayo, que se celebrará en dos semanas, incluyendo las propuestas del grupo socialista “y así obtendrán nuestro voto favorable o por lo menos que hablen con el resto de grupos de la oposición para poder aprobar sus propuestas”.