Las agrupaciones de hostelería y comercio se unieron a la fotografía de unidad de la aprobación inicial de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones que, tras meses de polémica y separación política, consiguió salir adelante con el apoyo del PSOE. Ahora se someterá a consulta 30 días en el portal de transparencia, pero se ha dado forma a un texto conciliador que aplaudieron todos los grupos excepto Vox.
El comercio y la hostelería de Ponferrada lanzaron un comunicado conjunto en el que apuntan que priman “ante todo la salud de Ponferrada y los ponferradinos”. Con los datos en la mano aseguran que el tráfico rodado no representa un problema sanitario para la ciudad “al no existir riesgo sanitario para la ciudad el siguiente paso ha sido evitar el mayor trastorno posible para la actividad comercial del centro de Ponferrada. Es por ello que nuestra primera intención fue la del rechazo absoluto a cualquier tipo de implantación de ZBE en la ciudad”. Tras consultar normativas, leyes y constatar los compromisos adquiridos por Ponferrada con la Unión Europea el comercio siente que debe ser “responsable y consecuente y no entorpecer la labor política en esta ordenanza” ya que la no implantación supondría sanciones varias para nuestras arcas municipales, la más preocupante la devolución de más de 2,4 millones de subvenciones europeas destinadas a la rehabilitación de las zonas de aplicación ZBE. “Agradecemos enormemente a los agentes políticos la absoluta predisposición a entender nuestras demandas y sobre todo a haber tenido la generosidad suficiente para además atenderlas. Creemos que es un día importante en Ponferrada y estamos orgullosos de que se nos haya permitido ser partícipes de decisiones tan relevantes para nuestro futuro”, apuntaron.
Frente a ese acuerdo, la edil de la formación de ultraderecha, Patricia González se quedó sola en el no a esta ordenanza y en los reproches al equipo de Gobierno.“Era cuestión de tiempo que se rindieran a los pies del PSOE”, acusó la portavoz, tras anunciar su voto negativo. Incluso afeó a Coalición por El Bierzo haber dado un titular en prensa, que en enero de 2027 no se activaría la ordenanza o lo sacarían del salón de plenos con camisa de fuerza. “Son el partido de la estafa”, acusó al regidor, Marco Morala, porque se han replegado al proyecto socialista. Considera que “si tuvieran dignidad dimitirían”, porque “solo están acatando las órdenes del PSOE”. Apunta que la normativa de ZBE “no obliga a multar desde enero de 2027” ni a peatonalizar, como se comenzó a hacer “una cosa es un plan de movilidad y otra una ZBE”, dijo, pero considera que la finalidad que tiene el equipo de Gobierno es “saquear subvenciones”. Apunta que estas ZBE “limita derechos fundamentales” y perjudica a los comerciantes “están empeñados a dejar morir el centro de Ponferrada. Que Dios les perdone”, dijo “porque los ponferradinos no lo harán”.
El portavoz de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso lamentó que Vox haya leído por encima el texto de la ordenanza, puesto que las sanciones no llegarán en enero de 2027, como apuntaba. No entrarán hasta junio de ese año, aclaró. Aplaudió el acuerdo que se ha conseguido entre comerciantes, ciudadanos y políticos para acordar esa ordenanza “hemos llegado a un entendimiento que es bueno para el municipio”, dijo. Solo una vez en 20 años se han superado los niveles de contaminación, por lo que también apunta que las sanciones no se darán, pero, cuando haya extrema contaminación sí entraría “con una nueva corporación que podrá evaluar esa normativa y podrá modificarla si lo estima así”, explicó. Y asegura que se usará las nuevas tecnologías para informar sobre aparcamientos y sobre los niveles de contaminación. Calificó la ordenanza de “la mejor posible”. Por su parte, el PP, a través de su portavoz, Lidia Coca, considera que Vox no ha leído el proyecto y “solo viene a hacer populismo barato”.
Coca destacó el consenso por encima de todo “lo que importan son las personas y no los egos”, dijo. La ZBE se define por la UE como sistema de obligado cumplimiento en las ciudades de más de 50.000 habitantes para mejorar la calidad del aire y lo que se ha intentado es cumplir con ella “sin dañar a los comerciantes y ciudadanos”, dijo la edil. Y han trabajado en ello, evitando restricciones “abusivas”, y marcando tres estados de peligrosidad: el primero son las obras realizadas para tener una ciudad más amable, sin restricciones, explicó. El segundo, es el estado previo a que el aire sea perjudicial para la ciudad. Se establecerían una serie de avisos en ese momento “algo que ya se está haciendo”, apuntó pero utilizando la tecnología de la ZBE. Se flexibilizarían los horarios de las administraciones, se abarataría el servicio público, peo no habrá obligaciones para los usuarios.
El tercer estado sí supondría medidas de intervención. En los últimos 20 años solo se ha llegado una vez, asegura.
En el calendario de puesta en marcha, hasta el 31 de diciembre de 2026 estarían en fase informativa, hasta el 30 de junio habría un régimen de apercibimientos, pero para activarlos se debería declarar tres veces este estado tres “sería muy complicado”, apunta. Desde el 1 de junio de 2027 se aplicarían estas sanciones solo si se llega a estado tres.
Siempre que la calidad del aire sea buena “y vamos a ir mejorándola”, no habrá restricciones de movilidad para los vehículos “Ponferrada no es como las grandes urbes”, dice, por lo que augura que no habrá sanciones en su aplicación.
Coca, emocionada por todo el trabajo realizado, destacó el esfuerzo para alcanzar un acuerdo “buscando que el régimen sancionador no entre en vigor prácticamente nunca”.
El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, quiso recordar que en el 2021 se aprobó éste proyecto y se consiguió para él una ayuda de 2,4 millones para un proyecto de un millón más. Destacó que se realizó un estudio que determinó la zona en la que actuar, que ha sido también polémica. "Ha habido generosidad por ambas partes", para conseguir este acuerdo, apunta, porque el PSOE asegura que ha luchado por tomar medidas cuando los índices peligrosos para la salud se activaran durante varios días. Eso se ha admitido, cuando hay peligro para la salud, que es lo que asegura que ha primado.
En cuanto a la fecha de activación, asegura Ramón que el régimen sancionador entra en enero de 2027 en vigor, aunque "en caso de reincidencia"al tercer apercibimiento tendrásanciones de 100 euros. Asume que la posibilidad de que eso ocurra es remota, pero aplaude que haya un marco establecido para ampararla. Su voto favorable, dijo, se basa en la defensa de la salud de los ciudadanos "es algo que teníamos que aprobar", dice.
No se asume el corte de reubicar el parklet
Con el voto en contra de Vox y de PSOE, quedó rechazado el punto en el que se esperaba asumir el coste de la reubicación del polémico parklet a la zona de Campo, un espacio abierto en pleno Camino de Santiago, desde los aledaños de asfalto del Castillo, donde lo colocó el PSOE en su Gobierno, también se llevó a pleno. Ramón apuntó que no es buena política basar un proyecto en "destruir lo que ha hecho el equipo anterior". Considera que fue un "capricho revanchista" el cambio de ubicación y que no hubo fiscalización previa para autorizar ese gasto. La falta de innumerables documentos no daría de paso ese gasto, asegura. No había capacidad presupuestaria para algo así, apunta, repitiendo el informe de Intervención al respecto, y se ha procedido de manera irregular que podría dar lugar al impago de las facturas de estos trabajos "se ha hecho todo mal, pero si hubiera sido una actuación necesaria lo respaldaríamos", pero considera que era innecesario "qué necesidad había de gastar más de 7.000 euros" en ese acondicionamiento, reflexiona, apuntando su voto contrario. El concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, reconoce que han faltado documentos, pero son trabajos que hay que abonar, defendió.
El regidor, Marco Morala recordó otros expedientes por omisión del PSOE devolviendo las acusaciones. Considera que era una obra "necesaria" y no un "capricho", sino "apostar por la seguridad y por el Camino de Santiago, por el descanso de los peregrinos y hacer Ponferrada", dijo.
Polémica moción contra la inmigración ilegal
Aunque se trataba de una moción tipo que se presenta en el resto de España, la de Vox levantó ampollas con su petición de expulsión de los inmigrantes ilegales, de no colaborar con las ONG que les ayuden y de declarar al municipio de Ponferrada como ciudad que no colabora con ellos.
Vox defendió que el CIS reconoce que la inmigración ilegal es la principal preocupación de los españoles en la actualidad. Pide reforzar la seguridad en las calles y expulsar de inmediato a los inmigrantes.
Ante ello, la concejala Ivelisse Martínez, apunta que el PP "tiene muy presente que hablar de inmigración es hablar de personas" a las que "hay que tratar con humanidad". "Somos europeistas y creemos que lo que debe llegar a Bruselas son soluciones". Le parece una "broma de mal gusto" hablar de deportaciones "necesitamos a personas de otros países a nivel laboral".
El PSOE lamentó que el pleno tuviera que tratar este tema y recordó la emigración española.
El regidor afeó la falta de sentido y de decoro incluso, en la redacción de la moción. Critica que Vox rechace todo tipo de inmigración, hablando de "invasión" que pone en riesgo el futuro de España. Asegura que "se les va la mano al escribir" con una oposición que también va en contra de la emigración que protagonizó España. Morala fue duro criticando la falta de "sensibilidad humana" de la formación y defendió al coletivo inmigrante "son uno más de los nuestros".