El derecho a entender

El volcánico periodista ponferradino Mario Tascón ―presidente de la Fundación del Español Urgente― acaba de publicar, junto con Estrella Montolío, una obra que pone los puntos sobre las íes de la comunicación clara, como la mejor defensa de la ciudadanía: El derecho a entender.

El libro es a la vez un manual de comunicación clara y un alegato sobre nuestro derecho a entender las leyes, las órdenes, las multas o la factura de la luz. Una llamada al orden a políticos, funcionarias y burócratas, acomodados en el abuso del lenguaje esdrújulo, ese tipo de expresión rancia, acartonada: la jerga administrativa.

Cito unas líneas al azar: “Transcurrido el plazo de quince días hábiles señalado, la presentación de la comunicación previa cumpliendo con todos los requisitos exigidos constituye título habilitante…”. Días hábiles ―no se preocupe, si usted no sabe contarlos, hay cientos de sentencias contradictorias sobre cómputo de plazos―. Presentación de la comunicación previa: tradúzcase por “echar la instancia”. Título habilitante: a ver cómo te lo explico, Pepe.

El derecho romano afirmaba “In claris non fit interpretatio” (no hace falta interpretar lo que está claro); y para Ortega y Gasset, “la claridad es la cortesía del filósofo”; pero nuestros políticos, legisladores y funcionarios practican una parafilia comunicativa: el gusto por lo obscuro, el placer de lo confuso, el retorcimiento de la palabra. No aplican leyes o programas, los implementan; y no comunican: se escuchan a sí mismos. He asistido a actos en los que el preboste abusa de la palabra durante una hora sin importarle siquiera si el sonido de la sala llega a los sufridos asistentes. Más que autistas ―el autismo merece otro respeto― son onanistas envanecidos, desconectados de la realidad y de los ciudadanos.

De esta desconexión hablan Tascón y Montolío en El derecho a entender [Los Libros de la Catarata, 2020]; de un nuevo derecho humano ―novísimo, emergente― que sitúa a las personas en el centro de la comunicación. El asunto es complejo, pero los autores lo abordan con solvencia, predicando con el ejemplo, con la cortesía de su claridad.

“Frases cortas y palabras sencillas”, recomendaba Spencer en el siglo XIX anticipando Twitter. “Si hablamos para entendernos, hablemos claro”, añadía Sánchez Pérez; y Winston Churchill exigía informes oficiales redactados con “párrafos cortos, ordenados y separados”. Váyanse ahora al BOE o a la página web de su ayuntamiento, y comparen. Como dicen Tascón y Montolío: “FEDER+FEOGA+PAC = ZZZZZZ”.

A diferencia de los diez mandamientos ―que caben en un tuit y los entiende todo el mundo―, ¿cuántas personas son capaces de leer una ley y comprenderla? ¿Cuántos usuarios descifran una instancia? Los primeros capítulos de El derecho a entender nos ilustran sobre la larga marcha del lenguaje claro para “disipar la niebla” ―en el Parlamento de Londres o en la Comisión Europea―, hasta llegar al movimiento de la Lectura Fácil y Lenguaje Claro.

Ahora que está de moda digitalizar todo, no se trata de escanear formularios obsoletos en papel, sino de cambiarlos, transformar productos excluyentes en servicios inclusivos. “Los nuevos analfabetos (digitales) malviven en un sistema que les ignora y les maltrata” ―afirma Luz Sánchez Mellado―: ancianos, inmigrantes, minorías o personas con discapacidad visual (casi un millón en España), auditiva, motora o intelectual, que no saben o no pueden adaptarse al nuevo alfabeto digital. Esas personas también tienen derecho a entender.

Tienen y tenemos derecho a exigir un lenguaje claro ―sin comunicación previa y sin título habilitante―, y un diseño inclusivo y accesible, con herramientas que faciliten el acceso universal a las webs públicas (braille, reconocimiento de voz, emulador de teclado, etc.). Hablamos, pues, de inteligencia artificial al servicio de este nuevo derecho ciudadano, imprescindible en la sociedad de la información.

Porque leer y entender las webs de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social o del banco, no es una opción, es un derecho. “Una sentencia debe ser clara, de fácil comprensión, sin equívocos, sencilla, precisa, concisa y sin elementos superfluos”. ¿Cuántos jueces, fiscalas o abogados aprobarían un simple ejercicio de redacción escolar? ¿Cuántos contratos de su compañía de seguros o de telefonía tienen claridad visual, por no hablar de folletos técnicos o de prospectos médicos?
El derecho a entender interpela a toda la sociedad, desde los cimientos educativos ―enseñar a pensar y a expresarse con claridad, eterna asignatura pendiente― hasta la legislación básica; y traza en el horizonte un largo camino para pasar de usuarios digitales a ciudadanos digitales.

El ensayo de Mario Tascón y Estrella Montolío es un volcán de ideas sobre la comunicación clara que los autores culminan con un kit de autoayuda de lectura imprescindible para periodistas, políticos, médicas, profesoras y funcionarios en general: “Los 9 pasos de la comunicación clara”. Léanlo y sigan el método: si tiene usted alguna responsabilidad pública, practique la comunicación clara; y si es usted ciudadano, exija que respeten su derecho a entender.