El PP forzará la anulación de todos los actos de la interventora interina de Cacabelos desde 2016

El ex alcalde, Adolfo Canedo, cree que tendrá unas consecuencias "muy graves" para el municipio

A. Cardenal
10/11/2017
 Actualizado a 11/09/2019
Representantes del PP de Cacabelos, en la sede comarcal. | L.N.C.
Representantes del PP de Cacabelos, en la sede comarcal. | L.N.C.
El Partido Popular de Cacabelos «forzará judicialmente» la anulación de las decisiones y acuerdos que se cimentaron con informes de la interventora interina desde el 12 de enero de 2016 que según denuncia el portavoz del grupo municipal y ex alcalde del municipio, Adolfo Canedo, está ocupando la plaza de forma irregular desde el 12 de enero de 2016.

«Desde el primer día el PP ya denunció y puso en conocimiento de las autoridades pertinentes la irregularidad que suponía mantener a la funcionaria en su puesto, pero aún así se le se ha mantenido», critica el líder popular, que denuncia la «vehemencia» con la que el actual alcalde, el socialista Sergio Álvarez, ha desoído las advertencias. «Hemos dicho por activa y por pasiva que sus informes no valían porque no estaba legitimada. Hay una sentencia y se han jactado de que no van a cumplirla», apostilla.

Por ello, asegura que si se confirma y ratifica por el Tribunal Superior de Justicia, lo que creen que ocurrirá porque su denuncia está «bien instrumentada jurídicamente», los populares «llegarán hasta el final, tenga las consecuencias que tenga». «Vamos a defender nuestros argumentos para que se confirme y se ratifique», avisan.

La sentencia del Juzgado de León que anula el nombramiento de la funcionaria interina se encuentra en manos del TSJ, ya que el gobierno municipal presentó un recurso contra aquella sentencia.

En cualquier caso, en el PP creen que los daños para el municipio en caso de que se produzca esta anulación serán «muy graves» y culpa de ellos al tripartito, a los que cree que «la defensa y principio de legalidad les importa muy poco».

Por otro lado, el propio TSJ ha revocado la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo de León, y declara la «nulidad radical» de los reconocimientos extrajudiciales y las modificaciones de créditos aprobadas durante las sesiones de marzo y abril de 2016 por el incumplimiento de los principios legales en la tramitación de expedientes, una sentencia similar a la que ya anuló otras decisiones plenarias, también durante el gobierno del tripartito.

«La ley tiene unas formas de regular los procedimientos, pero parece que solo tienen en cuenta y solo vale que tengan más votos», lamentan.
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