El PP pide a Gancedo que actúe en "coherencia" con el PSOE de Villaquilambre y deje la Alcaldía

«No le pido que dimita, pero que sean coherentes con Villaquilambre porque si allí piensan que el alcalde se tiene que ir, aquí se tendría que ir». Son palabras del portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Andrés, Gregorio Chamorro, a la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, durante el pleno extraordinario celebrado este miércoles para tratar la implicación de hasta cinco ediles de la corporación (la propia regidora, Santiago Blanco, Miguel Ángel Flórez, Francisco Gómez y Juan Carlos Fernández) y un técnico municipal en la Operación Enredadera. Se refería así a la moción de censura presentada por el PSOEen la otra localidad del alfoz en la que hubo «una situación exacta», según apuntó Chamorro, puesto que también el popular Manuel García fue llevado a declarar en idénticas circunstancias que Gancedo, a la que Chamorro también reclamó que si consideraba que había motivos para perjudicar al Ayuntamiento de San Andrés, debería «tomar decisiones». «Pero actúe con coherencia», le insistió el edil del PP.

La respuesta de Gancedo no se hizo esperar, puesto que no solo negó que tuviera motivos para dimitir, ya que no considera que haya perjudicado al Consistorio, sino que durante el pleno insistió una y otra vez en que «ninguna empresa investigada tiene contrato o pago pendiente con el Ayuntamiento de San Andrés». Además, expuso que «la conclusión a la que llega la Udef no se ajusta a la realidad». «Estoy más que tranquila», subrayó la regidora, que incidió en que los ediles del equipo de gobierno son «objetivos de investigación a raíz de una serie de conversaciones y conclusiones dirigidas e interesadas por terceras personas hacia actuaciones del Ayuntamiento».

Fue la línea argumental que desarrollaron los concejales socialistas durante sus respectivas intervenciones, en especial el portavoz socialista, Santiago Blanco, quien destacó que de las supuestas presiones a las que se alude en el sumario por parte de Ciudadanos, ninguna se concretó en un cambio de voto de la formación naranja, como sí ocurrió con IUo de UPL, tal y como reconocieron todos los partidos. «No estuvimos condicionados por ningún grupo», resaltó el también edil de Hacienda, que detalló que los agentes de la Udef se habían llevado solo dos contratos.

Blanco expuso también, a preguntas por escrito de Podemos, que los cinco ediles están «en condición de investigados, porque si no, no podrían entrar en sus despachos», pero reiteró que aún no habían sido citados judicialmente y que si esto sucedía, irían a declarar.

Además, expuso que en el auto judicial constan «como localizados» aquel 3 de julio, cuando se desarrolló la operación. «No fuimos detenidos judicialmente, sino policialmente», aseguró Blanco. Eso sí, reconoció que ante los agentes de la Udef se negó a declarar puesto que estaba en su «derecho».

Tras varias preguntas del edil de UPLJulio Fernández Rivo, así como de Laura Fernández, de IU, Gancedo, Blanco, Flórez y Gómez reconocieron encuentros con responsables de las empresas investigadas, aunque de forma fortuita en el caso del edil del PAL, o «con ellos y con otros empresarios, pero no se ha comprado ningún sistema informático», agregó Flórez. «Tomé café con Ulibarri, pero nunca para hablar de algo que no estuviera en los parámetros de la legalidad», aseguró la alcaldesa, que acusó a Chamorro de que también él se reunía con el supuesto cabecilla de la trama.

Por su parte, Juan Carlos Fernández, expulsado de Ciudadanos tras su implicación en la trama, aprovechó para pedir disculpas a sus compañeros y apuntar que Cs hizo bien en echarle del partido puesto que se había puesto «un listón muy alto» y no mantenía a cargos que tuvieran «sospechas». Resaltó además en sus intervenciones su «presunción de inocencia» y defendió que no tenía que dimitir, como le pidieron los grupos de la oposición.

Por su parte, Gómez fue más allá al asegurar que ese día recibió «un disparo en la cabeza». «Hemos muerto políticamente, pero la vida no acaba aquí», apuntó el edil del PAL, quien reconoció que solo piensa en «salir corriendo» del Ayuntamiento aunque se mantendrá los ocho meses que quedan, por más que haya perdido «la ilusión», dejando así claro que abandonará la práctica política al final del mandato. Retó además a todos los grupos a «presentar una prueba incriminatoria» contra su persona.