Las Cortes aprueban la comparecencia en comisión del consejero de Fomento por la Operación Enredadera

La Mesa de las Cortes aprobó este lunes la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en comisión, para dar explicaciones por su aparición en grabaciones dentro de la Operación Enredadera. De momento, no hay fecha para esa comparecencia ya que es algo que tendrá que fijar el presidente de la comisión, aunque se da por sentado que se producirá en septiembre, cuando se reanude el periodo ordinario.

Los grupos de la oposición, encabezados por el Partido Socialista y Ciudadanos, habían solicitado la comparecencia de Suárez-Quiñones, y los socialistas también la del vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en Pleno aunque el PP hizo valer hoy su mayoría en la Mesa para descartar esta opción. La Mesa asumió la petición del propio consejero de Fomento y Medio Ambiente para comparecer en comisión, donde también solicitó sus explicaciones Podemos.

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, apuntó que el PSOE y Cs han mostrado un “extraordinario nerviosismo”, desde el momento en que se conocieron las primeras informaciones sobre la ‘operación Enredadera’. Lo relacionó con la “importante” implicación de algunos de sus dirigentes provinciales y autonómicos en la “trama de corrupción”.

A su juicio, la estrategia de ambas formaciones ha sido “tapar sus vergüenzas” y “simular sus claras implicaciones”, además de “poner en marcha el ventilador” para intentar “extender” la sombra de la sospecha contra la Junta de Castilla y León. “Cuando el PSOE y Cs escupen hacia arriba intentando involucrar al Ejecutivo regional se corre el riesgo de que la bilis les caiga encima”, aseveró.

No en vano, precisó que el cien por cien de los cargos provinciales de Ciudadanos en León y alguno de sus asesores están investigados por esta trama de corrupción, pese a que se presentó a las elecciones como un partido que apostaba por la regeneración de la política en la Comunidad. En cuanto a la “alternativa decente” que propugnaba el PSOE, De la Hoz recordó que el “único” cargo orgánico de un partido político que tiene la condición de investigado en la ‘operación Enredadera’ es el número 4 del Partido Socialista de Castilla y León, Joaquín Llamas, que ejerce de coordinador de Política Municipal en la formación.

También cargó contra su secretario autonómico Luis Tudanca por su “alternativa indecente e ignorante”. El popular le acusó de desconocer el contenido de la Ley de Contratos del sector público y la Ley Concursal, ya que ambas normas habilitan el procedimiento de cesión de contratos, en caso de empresas en concurso de acreedores. “Y eso es lo que sucedió en la llamada telefónica que el consejero hizo a un responsable de una compañía”, añadió.

El portavoz del PP en las Cortes aseguró que, en ningún caso, ha habido “dedazo” o adjudicación ilícita por parte de la Junta porque, reiteró, que es una situación habitual y legal en empresas en concurso de acreedores por el que la administración contacta con otra compañía para continuar con la obra adjudicada.

Por otro lado, De la Hoz señaló que la única resolución existente, hasta la fecha, es la del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León quien dictaminó que se repitiese el concurso de la prestación de servicios de asistencia en el Ayuntamiento de Soria, por importe de cuatro millones, a Aralia.

Preguntado por la solicitud de comparecencia del vicepresidente de la Junta, Raúl de la Hoz lamentó que algunos partidos traten de implicarle en la trama de corrupción porque “no aparece en ninguna parte” y recordó que la administración regional tiene contratos de publicidad institucional con empresas del grupo editorial de una de las personas implicadas.

El secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, lamentó que la “vida siga igual” y que el inicio del curso político arranque con un PP que “mancha y arrastre” el buen nombre de la Comunidad por todos los medios de comunicación de España por otro caso de corrupción. A su juicio, la Comunidad está en el “epicentro” de la corrupción del Partido Popular en el país.

Tudanca lamentó que el PP utilice las Cortes como “parapeto” para esconder y “tapar las vergüenzas” de sus consejeros que están “salpicados” por la corrupción. Criticó la conservación “absolutamente obscena” del consejero de Fomento cuando a modo de “rey absoluto” dijo que “la administración soy yo".

El dirigente socialista demandó que Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco vuelvan de su “retiro espiritual” y ofrezcan alguna explicación sobre lo que “sigue pasando” en el PP y en la Junta. En todo caso, anunció que el Grupo Parlamentario Socialista preguntará en el Pleno ordinario de septiembre sobre la implicación del Ejecutivo regional en la ‘trama Enredadera’.

La portavoz adjunta del Grupo Podemos Castilla y León, Natalia del Barrio, lamentó que el PP haya evitado hablar de un caso de corrupción “muy grave” en la Comunidad aunque consideró que los consejeros y los procuradores presuntamente implicados debían haber dimitido cuando salieron a la luz las conversaciones grabadas. Asimismo, cargó contra Cs por sostener a los populares.

Por su parte, Luis Fuentes, de Ciudadanos, consideró que el Pleno hubiera sido el lugar “adecuado” para que los consejeros de Fomento y Presidencia dieran la información sobre su implicación en la ‘trama Enredadera”, que dijo es un caso “suficientemente grave”. En ese sentido y por la relevancia del asunto, señaló que su grupo aprovechará el Pleno ordinario de septiembre para preguntar sobre ello al presidente de la Junta y a los consejeros.

El portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, de IU-Equo, lamentó que los consejeros no comparecieran en Pleno porque la ‘operación Enredadera’ es la “última demostración” de que España no es un país democrático, donde no gobiernan los partidos que ganan las elecciones. Cargó contra el poder de las personas y grupos empresariales que no se presentan a los comicios. A su juicio, no hay gobernantes sino “encargadillos” del poder económico y financieros, además de ser personas que se han enriquecido a base del erario público, gracias a sus “amigos”, los políticos.