Han pasado cuatro años desde aquella concesión que obligó a esa recuperación del contrato, pero la decisión de qué hacer tras la sentencia se ha enrevesado. La regidora, Gloria Fernández Merayo, presentó todos los recursos posibles para determinar cómo resolver ese dictamen judicial, que el Superior decía que debía cumplirse dándole el servicio a la denunciante Urbaser.
En la mesa de contratación, los servicios económicos y jurídicos chocaron. El incidente de ejecución solicitado, tampoco sirvió para que el equipo de gobierno adoptara una decisión. Ahora, las conversaciones recogidas en el acta de transcripción de la UDEF sobre este tema aclaran que el empresario estaba presionando para que el concurso quedara desierto y así volver a abrirlo a licitación.
El contrato se había realizado por 20 años prorrogables a cinco más y 135 millones de euros. Eran dos millones menos que el anterior, por lo que se temía que la baja no aportara el servicio de manera satisfactoria. El contrato englobaba la recogida de residuos, la limpieza vial y el mantenimiento de jardines.
Ulibarri habla con un responsable de Diario de León sobre la estrategia que está siguiendo en este tema. «Parece ser que tenemos un atasco ahí con Amparo, que es la que se niega a cambiar su posición ¿eh? Y yo creo que, vamos, que conseguiremos que cambien todos... que rescindan el contrato FCC y que desechen a Urbaser por no cumplir. Entonces dejarlo desierto, ese es el objetivo, y me lo están diciendo, pero claro yo, faltan 10 días todavía, la comisión cuando... porque antes que ir a pleno tiene que ir a comisión» le explicaba, después de solicitarle información sobre si se había reunido con «una amiga de...», que la UDEF cree que puede ser la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo.
La conversación se produce el 14 de febrero y en ella se desvela que el periodista también conversó con el portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz que le informó de «todo el proceso y toda la historia». En ese momento la resolución del contrato de las basuras estaba lejos. La opción de Vidal era cumplir con la sentencia, que marcaba que el servicio, que se presta fuera de contrato en la actualidad por FCC, pasara a Urbaser, pero no consiguió que así fuera.
Aunque dejó su cargo el último día de mayo, se fue recomendando a sus compañeros del equipo de gobierno que adoptaran decisiones, sobre todo en este caso, por el que los tribunales llegaron a recordar a la regidora que el incumplimiento de una sentencia conlleva incluso responsabilidad patrimonial.
El concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo fue, tras Vidal, un segundo edil que ha optado por la ejecución entregando el servicio a Urbaser, algo que hizo que, incluso en la comisión de su área, la propia alcaldesa y el edil Ricardo Miranda (PP) presentaran un escrito para que ese dictamen quedara sobre la mesa. Miranda enmendó la propuesta de Mendo y pidió que no se dictaminara, sino que se trasladara a pleno la pretensión de renunciar al contrato en base a declararlo de interés público.
Así las cosas, finalmente el pleno del 18 de julio, con el voto en contra de PRB y Ponferrada en Común y la abstención de PSOE, USE, Ciudadanos y Coalición por el Bierzo, se aprobó que Urbaser cogiera el servicio para dar cumplimiento a la sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Casi un mes más tarde sigue sin ser así y el concejal de Medio Ambiente asegura que se requerirá otro pleno, después de que la empresa presente la documentación necesaria, para aprobarlo definitivamente. Pero en pleno el líder del PRB, Tarsicio Carballo, presentó voto particular para que el concurso se declarase desierto y estos días ha presentado recurso a la decisión plenaria para que así sea. La alcaldesa en pleno justificó no haber tomado una decisión antes «porque queríamos asesorarnos bien», y advirtió de la posibilidad de que FCC denunciara o que el dictamen por el que se adoptaba esa decisión necesitaría mayoría absoluta.
El PP niega presiones
El PP ha salido al paso de las declaraciones reveladas por la investigación asegurando que «se han hecho todos los contratos sujetos a lo que la Ley marca, con absoluta transparencia y legalidad, sin que la alcaldesa ni el equipo de Gobierno hayan cedido nunca a la presiones de ningún grupo mediático o empresarial». Abundan que no cuentan con los «favores» de los medios que dirige Ulibarri y que, pese a que este empresario se haya presentado a concursos municipales «este Ayuntamiento no ha realizado ningún contrato con el grupo de empresas al que se alude en la información.
Y queremos aclarar, que habiendo concurrido a varias ofertas públicas, nunca se le ha adjudicado por no haber cumplido los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones de las ofertas». Dice que el único servicio público en el que participa Ulibarri es el Transporte Urbano de Ponferrada, pero advierte que se está tramitando una nueva gestión.
Con Folgueral
En las conversaciones de Ulibarri interceptadas por la Policía aparece una llamada realizada por el portavoz de Unidad Social de Electores, USE Bierzo, Samuel Folgueral. Aunque la conversación es breve y solo remarca que el edil quiere comentarle un tema el día 22 de febrero al empresario y no quiere que sea por teléfono, sí deja claro que se trata de un tema importante. Ulibarri le dice si no puede esperar hasta el jueves a lo que Folgueral responde «a mí me gustaría que lo supieras cuanto antes».
La conversación se produce un día antes del pleno del que hablaba José Luis Ulibarri con el periodista, pleno que no llevó este tema finalmente.